Continúa la polémica que salpica al ‘número 3’ de Podemos, Juan Carlos Monedero, y sus vínculos con los gobiernos latinoamericanos. La asociación Pro Justicia siglo XXI, dirigida por el abogado Emilio Rodríguez Menéndez, ha interpuesto una querella contra el dirigente de la formación por un presunto delito contra la hacienda pública, que ha sido admitida a trámite por el juzgado de Instrucción número 39 de Madrid.
El documento señala que Monedero, a pesar de contar con un puesto como catedrático a tiempo completo y de forma exclusiva en la Universidad Complutense de Madrid, en la facultad de Ciencias Políticas, realizó trabajos para los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador sobre la creación de una unidad monetaria en Latinoamérica sin que su centro tuviera constancia. La querella afirma que el contrato sellado con la Complutense prohíbe la realización de cualquier tipo de trabajo remunerado y apela a la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Es más, la querella expresa que el dirigente de Podemos tenía la obligación de solicitar un permiso de compatibilidad, concedido por el Ministerio de Presidencia, y que no pidió en el año 2010, sino que lo ha requerido recientemente.
Por su parte, tras el estallido de la polémica, Podemos defendió la actividad de Monedero y se acogió al artículo 19 de la Ley Orgánica 53/84, a través del cual se rigen los profesores de universidad, para justificar sus trabajos. Tal y como afirma dicha norma, “los servicios de informes y consultorías no implican tener que solicitar la incompatibilidad”. Sin embargo, en uno de los apartados, deja claro que “la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las publicaciones derivadas de aquéllas, siempre que no se originen como consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios”. Por lo que, supuestamente, Juan Carlos Monedero parece no haber cumplido este punto.
La sociedad de Monedero
Además, tal y como informó este diario el pasado mes de noviembre, Monedero creó la sociedad ‘Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones’, como socio y administrador único, que contó con un capital de 3.000 euros y a través de la cual facturó 425.150 euros por sus trabajos en los países latinoamericanos. Por otro lado, pagó 70.157 a la Hacienda Pública a pesar de que debería haber abonado más de 200.000 euros.
La querella recalca que Monedero realizó trabajos por los que cobró más de 400.000 euros sin contar con el permiso de la universidad, a pesar de que hizo un trabajo “extra” a través de los medios con los que cuenta la Complutense sin pagar al centro. Además, tal y como denuncia el escrito, creó una sociedad solo para facturar el cobro de sus trabajos en Latinoamérica sin facturar como persona física, a pesar de que así lo establece la legislación.