La ‘Marea Amarilla’ (contrarios a que el Registro Civil pase a formar parte de los registradores mercantiles) siguen acaparando las miradas, mientras proponen movilizaciones el próximo 11 de abril. El Ministerio por su parte sigue con la versión de que es algo totalmente necesario y que será gratuito, al contrario de lo que opina el bloque de izquierdas de la oposición.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, opinaba que «la idea de sacar de los juzgados todas las materias que no son propias de los jueces me parece muy razonable. Yo estoy bastante de acuerdo porque los jueces están para juzgar y dictar sentencias». El ministro también subrayó recientemente que «que son funcionarios públicos y, por tanto, garantizarán que ese servicio seguirá siendo público, gratuito, de calidad y cada vez más telemático».
La historia comienza en junio del año pasado cuando Alberto Ruiz Gallardón anunciaba en el pleno del Senado que la gestión del Registro Civil se encomendaba a los registradores mercantiles. El Ministerio de Justicia excusaba la decisión en tres razones principales: la experiencia del cuerpo de registradores, su capacidad para hacerse cargo de la inversión que supone la creación de una plataforma digital y su conformidad con una de las líneas rojas del Ministerio, la gratuidad de los trámites.
Una de las claves sobre la privatización o no privatización es que los registradores mercantiles no forman parte de una empresa privada sino que también son funcionarios públicos, como ha indicado el ministro, dependientes del propio Ministerio de Justicia. Está disposición la marca los artículos 274 de la Ley Hipotecaria y 536 del Reglamento Hipotecario que les inscriben dentro de la Dirección General de los Registros y del Notariado. Por lo tanto, no se puede hablar de privatización ya que, su servicio seguirá dependiendo del Ministerio de Justicia.
Otra de las claves que ha intentado abordar el Gobierno es la pobre resolución del sistema que hacía acumular largas colas en los puertas de los centros o incluso había citas para 2019. La idea del Gobierno es que la gestión digital ayudará a dar un mejor servicio.