Primera norma para intentar ganar unas elecciones que están al caer: no meterse en ningún charco. Y el Gobierno es muy consciente de ello. Esta semana se le han juntado dos importantes problemas: los líos internos que han vuelto a resurgir en el Partido Popular en torno a la reforma del aborto que el Gobierno espera aprobar la próxima semana en el Congreso. En concreto, sobre si el aborto es un derecho o no. Y la tensión con Marruecos, primero como consecuencia del rescate a tres espeleólogos españoles en las gargantas del Alto Atlas, y en las últimas horas después de que el juez Pablo Ruz decidiera procesar a 11 altos cargos de Marruecos -ocho mandos militares y tres civiles- por su supuesta participación en el genocidio del pueblo saharaui entre 1976 y 1991. La respuesta del Gobierno: prudencia y silencio sepulcral.
«El aborto no es un derecho». Así ventilaba esta semana el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, en una entrevista concedida a RNE, la nueva polémica surgida en el Partido Popular en torno a la reforma parcial de la Ley del Aborto que esta semana discute el Congreso de los Diputados. Inicialmente el Gobierno planteó una reforma total para pasar de una ley de plazos a una de supuestos. El rechazo mayoritario de la sociedad, unido a la grave crisis interna que también generó esta cuestión en sus propias filas obligaron al Gobierno a dar marcha atrás. Rajoy rectificó y aseguró que únicamente introduciría un mínimo retoque para obligar al consentimiento de los padres para que abortasen las jóvenes de 16 y 17 años.
Aunque se ha vuelto a dar de bruces con la realidad. Nada es suficiente. El Partido Popular está especialmente dividido en torno a esta cuestión, y hace unas semanas, el ministro de Sanidad y el portavoz del PP, Rafael Hernando, recibieron un mensaje de ocho parlamentarios díscolos que amenazaron con romper la disciplina de voto si no se volvía a la reforma de Gallardón -ministro al que paradójicamente le costó el puesto esta normativa-. El PP ahora está inmerso en una campaña con un único objetivo: recuperar a los 2,8 millones de votantes descontentos con sus políticas. Un alto porcentaje de ellos pertenece al ala más conservadora del partido. Así que ahora, la cúpula está haciendo equilibrios para mantener contentos a dos sectores irremediablemente enfrentados. Celia Villalobos, cabeza visible de los partidarios de la actual ley del aborto, llegó incluso a decir en una entrevista concedida a La Sexta que en el PP no cabían los opositores al aborto. Unas palabras que le costaron un buen disgusto a la formación.
Hoy, todo se apuesta al discurso político. Así que intentando apaciguar las aguas revueltas, el ministro de Sanidad anunció esta semana que durante el trámite parlamentario eliminará las dos referencias al derecho de las mujeres, para dejar claro que el aborto no es un derecho, como consagra la norma en vigor desde 2011. Una controvertida cuestión por la que ha sido preguntado este viernes el Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha intentado por todos los medios evitar la polémica y se ha limitado a decir que el único objetivo del Gobierno ha sido «siempre trabajar con el máximo consenso posible». Según Santamaría, existen dos bienes jurídicos a proteger, la embarazada y el no nacido, y la legislación debe buscar el equilibrio entre ambos. «Esa es la posición política y jurídica que siempre hemos venido defendiendo», ha sentenciado.
Más explícito, sin embargo, se ha mostrado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ha insistido en que en la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo «no hay un derecho al aborto como tal». «La reforma que aprobó el gobierno socialista en 2010, pese a que a veces no se hace un análisis técnico y jurídico, no regula el derecho a la aborto, no hay un derecho al aborto como tal. Hay un derecho a las decisiones de la mujer en materia de su conducta sexual y reproductiva, pero ese derecho al aborto no está en la legislación», ha matizado Catalá.
Aunque el aborto no ha sido la única cuestión controvertida con la que el Gobierno ha tenido que lidiar este viernes. Las relaciones entre España y Marruecos después del rescate a los tres espeleólogos (dos de ellos fallecidos) y del controvertido auto del juez Ruz ha sido otro de los grandes temas del día. Y la vicepresidenta ha hecho todo lo posible por rebajar la tensión con el país vecino. En lo que al rescate respecta se ha limitado a señalar que Marruecos es un «Estado soberano» y que tiene sus «propios protocolos» de actuación. Antes de estas consideraciones había manifestado su «apoyo y solidaridad» a las familias, las cuales ya han manifestado su descontento con el proceder de las autoridades y han amenazado con acciones judiciales. El Gobierno, ha optado sin embargo, por poner en valor «la buena voluntad» de Marruecos de «llevar a cabo ese rescate en las mejores condiciones».
Cabe recordar que compañeros montañeros de los espeleólogos criticaron duramente la tardanza en la autorización por parte de Marruecos de la entrada de equipos españoles para rescatar a los tres atrapados. También arremetieron contra el Gobierno español. Según ellos, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no facilitó los medios necesarios para las labores de salvamento.