Artículo 67.2 de la Constitución: «Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo». Artículo 79.3: «el voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable». Aún así, los grupos parlamentarios, principalmente el PP y el PSOE, cuentan con reglamentos internos propios que castigan severamente cualquier actitud díscola. Protegidos por la Constitución, el castigo ante la ruptura de la disciplina de voto nunca podría ser la expulsión. Pero sí cuentan con mecanismos amedrentadores con los que pretenden mantener controlados los votos de sus diputados y senadores. Y la disciplina de voto es uno de ellos. Es más, su aplicación podría considerarse un pseudo mandato imperativo.
En otros países desarrollados como EEUU o Reino Unido esta fórmula sería impensable. En estos países cada parlamentario responde directamente ante sus electores. Cómo olvidar las duras negociaciones a las que se tuvo que enfrentar Barack Obama para aprobar su reforma sanitaria. Muy polémica incluso dentro de sus filas. Negociaciones igual de tenaces a las que en su momento se tuvo que enfrentar Tony Blair para lograr el apoyo de los laboristas para la Guerra de Irak. Pero en España es todo más simple. Quien no acepte las reglas de juego que no juegue. Ésta es la posición más generalizada entre aquellos parlamentarios que defienden esta práctica tan poco democrática.
En el Parlamento español es fácil anticiparse al resultado de una votación antes de haberse efectuado. Basta con conocer la postura de los grupos y sumar escaños. Esto significa que pagamos el sueldo de 350 diputados –nos cuestan 19 millones de euros al año-, cuando en realidad valdría con que acudieran los portavoces de cada una de las formaciones a votar a los plenos. Es cierto que se trata de una práctica principalmente practicada por las dos grandes formaciones. Los pequeños (PNV, CiU y La Izquierda Plural) no son tan estrictos a este respecto. Una herencia más del sistema político que surgió de la Transición y cuyo objetivo es reforzar a los partidos y no poner en peligro la gobernabilidad. De hecho, varias sentencias han confirmado en la práctica el poder de las cúpulas partidistas, pese a lo que marca la Constitución.
Y por ello, los Grupos parlamentarios siguen tirando de ella. El último en volver a ponerla en práctica será el Partido Popular, de nuevo inmerso en una importante guerra interna debido a la reforma del aborto. Varios diputados provida 'populares' han decidido mantener su intención de no apoyar este martes en el Congreso la proposición de ley de su propio grupo parlamentario de reforma puntual de la ley del aborto para exigir el consentimiento paterno a las jóvenes de 16 y 17 años a la hora de interrumpir un embarazo. Se trata de un grupo de unos cinco diputados que expresarán su disconformidad mediante la abstención o renunciando a participar en la votación. Que unidos a los senadores 'populares' que tampoco comparten esta normativa, sumarían una docena de díscolos.
Según marca el propio reglamento interno del PP, la sanción por esta actuación acarrearía multas de entre 300 y 600 euros en función de la gravedad. Y según informan fuentes 'populares' a Europa Press, en esta ocasión la sanción podría rozar la cantidad máxima. Estos parlamentarios consideran insuficiente «este retoque» y han enviado hasta dos cartas al Palacio de la Moncloa mostrando su disconformidad con el cumplimiento del programa electoral, puesto que con ella se consagra a su juicio la Ley Aído. Es decir, el aborto «libre y seguro» en las 14 primeras semanas de gestación. Ya han advertido también que recurrirán dicha sanción. Denuncian que se trata de una «injusticia» que sea «sancionable» cumplir el programa electoral del PP.
La polémica está servida. Y más teniendo en cuenta que el último problema importante que tuvo el PP a este respecto fue en julio de 2012 con el senador leonés Juan Morano, durante el debate de los presupuestos de Industria, cuando votó en contra del recorte de las ayudas al carbón para León, donde él fue alcalde de la capital. Finalmente el PP le expulsó y le abrió un expediente sancionador. Hoy ya no es senador 'popular, pero continúa en la Cámara Alta dentro del Grupo Mixto. Entonces, la justificación de su partido fue que no era una cuestión de disciplina de voto sino de ataques contra el Gobierno y el PP. En aquella ocasión, los 'populares' esgrimían que todos debían de ser leales al programa electoral. Curiosamente la misma argumentación a la que ahora recurren los díscolos con la reforma del aborto.
Aunque estos no han sido los únicos ejemplos de disputa en el PP. En 2003, Ángel Pintado, diputado por Huesca, votó en contra de la Ley de Reproducción Asistida con embriones. Y unos meses antes, el diputado por la misma región, Luis Acín, renunciaba a su escaño y a su partido por su disconformidad con la participación de España en la guerra de Irak. En 2005, Celia Villalobos, votó a favor de la ley del matrimonio homosexual y fue sancionada por su grupo parlamentario por romper la disciplina de voto. En la legislatura pasada, la exalcaldesa de Málaga también votó en contra de la consigna de su partido sobre la reforma de la ley del aborto, pero aseguró que fue un error y no fue sancionada. En 2008, Arsenio Pacheco y Alberto Garre, ambos diputados por Murcia, rompieron la disciplina de voto y fueron sancionados por rechazar en el Congreso la tramitación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha por incluir el fin del trasvase Tajo-Segura.