El expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, ha recalcado este martes que durante su etapa al frente de la Presidencia de la Junta el Consejo de Gobierno «nunca jamás» adoptó «ninguna decisión ilegal» y ha señalado que las ayudas sociolaborales fueron «positivas» para los trabajadores y la lucha contra el paro.
«Durante tiempo en el que yo he sido presidente de la Junta, los 19 años, nunca jamás se ha adoptado ninguna decisión ilegal, nunca, ni se ha conocido ni se ha mantenido ni se ha impulsado ninguna ilegalidad», ha defendido el expresidente en una breve comparecencia ante los periodistas en la que no ha aceptado preguntas.
«Lo que he hecho siempre a través de mi trayectoria política como presidente de la Junta de Andalucía, como ministro y como vicepresidente del Gobierno, cualquier decisión política o normativa que he tomado, la he tomado siempre basada en la legalidad y con todos los trámites e informes necesarios», ha ahondado.
El actual diputado nacional ha comparecido durante dos horas y media ante el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Alberto Jorge Barreiro en calidad de imputado, al igual que el resto de aforados nacionales, en relación con los «actos realizados en el desempeño de sus funciones con motivo de la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas».
Chaves ha defendido que las ayudas estaban basadas en los acuerdos de concertación firmados con los sindicatos y las organizaciones empresariales y ha insistido en que «tuvieron efecto positivo en lucha contra paro y desempleo».
En tercer lugar, al hilo de la existencia o no de un fraude en el caso, ha señalado que si hubo alguna persona que «utilizó fraudulentamente los fondos», serán los jueces, la Justicia la que determine si «las actuaciones individuales de esas personas causaron o provocaron fraude o no».
«Si el fraude fue pequeño o fue grande eso lo tendrán que determinar los tribunales de Justicia», ha señalado Chaves toda vez que su sucesor al frente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, tras su declaración del pasado jueves mantuvo que «no hubo un gran plan pero sí un gran fraude».
Cabe recordar que a Chaves se le citó en relación a actos realizados como presidente de la Junta andaluza y previsiblemente ha dado explicaciones sobre el contenido del informe de peritos de la Intervención General del Estado (IGAE) que cuestiona el sistema elegido para la otorgarlas ayudas socio-laborales cuestionadas a través del instrumento presupuestario denominado «transferencias de financiación».
En su informe pericial, los peritos consideran «inadecuada e improcedente» la fórmula de las transferencias de financiación y la ausencia de procedimiento legal para la concesión y entrega de las ayudas investigadas. En su exposición razonada, aceptada por el Supremo, la juez de Sevilla que investiga la matriz de esta causa acusa indiciariamente a los aforados de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y sobre estas acusaciones pivota la instrucción en el alto tribunal.