El Gobierno español ha explicado este miércoles que ha considerado «especialmente intolerables» las acusaciones vertidas por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, contra el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, de que apoya actividades terroristas, justificando así la decisión de llamar a consultas a su embajador en Caracas.
En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el Gobierno ha expresado su «firme rechazo a la escalada de insultos, calumnias y amenazas dirigidas contra España y sus instituciones, contra el presidente del Gobierno español y contra los expresidentes Felipe González y José María Aznar» realizadas por Maduro.
«Son especialmente intolerables las afirmaciones sobre un supuesto apoyo a actividades terroristas, que resultan particularmente ofensivas para un país como España que ha sufrido durante muchos años la lacra del terrorismo», ha explicado el departamento que dirige José Manuel García Margallo.
Precisamente ha sido el titular de Exteriores el encargado de anunciar este miércoles la llamada a consultas del embajador español en Caracas, Antonio Pérez-Hernández. García-Margallo ha vinculado la animadversión del régimen de Maduro hacia España con el aumento de las «dificultades económicas, sociales y políticas por las que atraviesa el pueblo de Venezuela», al que ha querido diferenciar de sus autoridades.
El último episodio de una serie de actos hostiles contra España se produjo este martes, con una declaración de la Asamblea Nacional venezolana declarando persona non grata al expresidente del Gobierno Felipe González, que recientemente ha decidido implicarse en la defensa de los líderes opositores encarcelados Leopoldo López y Antonio Ledezma.
Poco después, Maduro volvía a cargar contra Rajoy, al que ha acusado de estar detrás de unas supuestas «intentonas golpistas» contra su Gobierno. «Ante estas manifestaciones el Gobierno español ha decidido llamar a consultas a su Embajador en Caracas», ha explicado Exteriores.
Apoyo al pueblo venezolano
Por otra parte, el Gobierno ha manifestado que «ha apoyado y apoyará al pueblo de Venezuela, con quien nos unen históricos y fraternales lazos, en la solución de sus problemas, y que ha deseado mantener las mejores relaciones posibles con el Gobierno de Venezuela, dentro de un espíritu constructivo y desde el respeto mutuo hacia las instituciones y la dignidad de las personas que las ocupan».
Igualmente, ha defendido que «ha mantenido siempre una postura respetuosa de la legalidad nacional e internacional y ha apoyado las iniciativas y los pronunciamientos de los organismos regionales, como UNASUR, CELAC, o la OEA y multilaterales como las Naciones Unidas, así como de las instituciones europeas (Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores y Parlamento Europeo y SEAE) y de gobiernos y parlamentos latinoamericanos que han venido expresando su preocupación por la situación en Venezuela».