La amnistía fiscal y los últimos casos de corrupción que asolan al PP han protagonizado por tercera semana consecutiva la contienda parlamentaria. Y de nuevo, el centro de la diana vuelve a tener nombre propio: Cristóbal Montoro. El ministro de Hacienda fue el protagonista este martes en la sesión de control al Gobierno en el Senado, y lo ha vuelto a ser este miércoles en el Congreso. La oposición en tromba ha vuelto a exigir su dimisión. Él no sólo se resiste a abandonar, sino que además se dedica a echar balones fuera. Al discurso de «lo que ha hecho este Gobierno es sacar a España de la crisis y gracias a él afloraron miles de millones de euros que estaban ocultos en el extranjero», se ha unido uno nuevo. El que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ya empezó a desgranar el pasado viernes: la culpa de que hoy se conozcan escándalos como los de Rodrigo Rato o Federido Trillo la tienen los funcionarios. En resumidas cuentas, ha pasado de ser una proeza del Gobierno en la lucha antifraude, a ser un fallo de terceros que tenían que respetar la «confidencialidad».
Desde que explotara el 'caso Rato', y pocos días después los casos 'Trillo y Pujalte', los mentideros políticos hierven con la autoría de dichas filtraciones. Desde el principio, el Ejecutivo de Mariano Rajoy se convirtió en el principal sospechoso. Una versión incluso aceptada por muchos miembros del propio Partido Popular. El hecho de que el nombre de Rato fuera el único que se conociera de la famosa lista compuesta por 715 personas investigadas por Hacienda tras acogerse a la amnistía fiscal, su detención ante las cámaras, la puesta en escena protagonizada por los agentes de Vigilancia Aduanera, dependientes de la Agencia Tributaria, y el hecho de que Hacienda recurriera a la Fiscalía de Madrid y no a Anticorrupción para abrir diligencias contra el exvicepresidente del Gobierno, hicieron saltar las alertas.
El Ejecutivo 'popular' articuló un argumentario oficial con el que poder utilizar el 'caso Rato' para obtener rédito electoral y ponerse como ejemplo de buen Gobierno: «el caiga quien caiga» y «la ley es igual para todos» se convirtieron en sus proclamas favoritas. Sin duda alguna estaba cayendo una torre muy alta. Probablemente el hombre más importante del PP por detrás de José María Aznar y Rajoy. Aunque las lagunas que posteriormente se han ido conociendo sobre el caso le han obligado a ampliar el repertorio. Pronto, la teoría que empezó a correr como la pólvora es que la filtración procedía de la primera línea del Gobierno.
El pasado viernes, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, esta cuestión acaparó la máxima atención. La vicepresidenta del Gobierno en ningún momento aclaró si Rajoy sabía que Rato iba a ser detenido antes de que se produjera, pero sí empleó todos sus esfuerzos en ahuyentar a los fantasmas que se estaban colando en La Moncloa. Santamaría no sólo eximió al presidente y a todos los ministros, muy especialmente a su amigo Montoro, de cualquier responsabilidad que tuviera que ver con dicha filtración, sino que buscó culpables ajenos al Ejecutivo: los funcionarios de la Agencia Tributaria.
«Todos los que tienen una información sujeta al correspondiente deber de sigilo lo tienen que respetar», arrancó Santamaría su explicación. «Me gusta que la ley se respete, porque el Gobierno cumple con la ley, la confidencialidad y el respeto a las decisiones judiciales», remató. Admitió que las filtraciones «son habituales», pero lejos de entonar el 'mea culpa' recordó que la obligación de «confidencialidad» era extensiva a los funcionarios de la AT. Una argumentación que le ha servido de percha este miércoles a Montoro para defenderse y explicar el malestar que el embajador de España en Reino Unido, Federico Trillo, ha manifestado por la también «filtración» que ha ocasionado que la opinión pública conociera que durante su etapa de parlamentario ganó más de 300.000 euros por hacer «asesoría verbales» a empresarios.
El ministro de Hacienda ha advertido de que las «filtraciones no deben anticipar conclusiones de las investigaciones», pero por si quedaba alguna duda incriminatoria contra él, ha recordado que «todos los funcionarios tienen la obligación de guardar la confidencialidad». Y aprovechando que esta vez no se hablaba de Rato, sino de otro estandarte del PP, como es el caso de Trillo, ha vuelto al argumentario oficial: «las leyes tributarias se aplican a todos, con independencia de quiénes hayan sido o quiénes son ahora, de quiénes fueron en términos de poder político o económico o del que tengan en este momento».
Montoro se resiste a abandonar el Gobierno
Pero de nada sirven sus esfuerzos por defenderse. El ministro Montoro ya se quejó este martes en el Senado de ser víctima de una «conspiración» y de ser la «obsesión» de los socialistas. Y este miércoles en el Congreso ha reiterado sus sentimientos: «No es que no me quiera ir, es que ustedes no me dejan. Han cogido una 'perra' con mi modesta persona…», ha ironizado el ministro de Hacienda, que minutos antes había tenido que oír cómo el diputado socialista Pedro Saura calificaba su actuación de los dos últimos años y medio de «patética» y «bochornosa», y le exigía que abandonara el Gobierno.
«Se va a publicar la lista de los morosos, de los defraudadores, pero no la de las personas que se acogieron a la amnistía fiscal porque no quieren que se sepa que muchos de sus compañeros se acogieron a ella», le ha espetado el socialista, quien ha vuelto a prometer, tal y como hizo la semana pasada el líder de la oposición, Pedro Sánchez, que cuando el PSOE gobierne lo hará. Saura ha apretado todo lo que ha podido a Montoro para conseguir que reconociera, como sí hizo la semana pasada Santamaría, que lo que el Gobierno hizo en 2012 fue una amnistía fiscal. Montoro no ha caído en esa trampa. Ha insistido en que ellos han recaudado dinero y que no han borrado delitos. Pero sí ha abundado en un argumento que podría pasarle factura al Gobierno: compararse con el nuevo Gobierno griego de izquierdas.
Esta semana, a diferencia de las anteriores, el primero en ser acorralado por la amnistía fiscal no ha sido Montoro, sino el presidente Rajoy. Él también ha tenido que soportar reproches a este respecto. El diputado de La Izquierda Plural, Joan Coscubiela, le ha llegado a denominar como «el señor X de la corrupción». Para defenderse ha vuelto a recurrir a los 124.000 millones de euros aflorados gracias a sus medidas y ha sumado un argumento más: para llamar la atención de la izquierda parlamentaria ha recordado que el Gobierno griego, y en concreto su ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, también van a optar por ella. Aún no se conocen detalles de la misma, el Ejecutivo español tampoco, pero Rajoy sí la ha utiliza para diferenciarse de los griegos y de los socialistas y recordar que «su regularización» ni «limpia ni borra delitos».
De igual manera, Montoro también ha abundado en la manistía fiscal propuesta por Syriza y ha recordado a los socialistas que «apunten por ahí», aunque como venganza al asedio les ha instado a tener «paciencia», porque van a «tardar en volver al Gobierno».