La Comunidad de Madrid está compuesta por 179 municipios. Es la sexta autonomía más pequeña por extensión con 8.021 kilómetros cuadrados de los que el 39% están salpicados por alguna trama de corrupción política. La ‘operación Púnica’ destapada el pasado mes de noviembre ha hecho mella en la próxima cita electoral. Varios de los consistorios madrileños contrataron los festejos con una empresa relacionada con la trama, Waiter Music, investigada por el juez de la Audiencia Nacional que lleva la instrucción, Eloy Velasco. La red presuntamente actuó en 47 municipios madrileños y defraudó 500 millones de euros, una cifra muy superior a los 220 millones de euros supuestamente defraudados por Gürtel o a los 170 millones de euros de la trama andaluza de los ERE.
Los principales ayuntamientos investigados en Púnica son Valdemoro (PP), Collado Villalba (PP), Parla (PSOE), Torrejón de Velasco (PP), Casarrubuelos (PP), Serranillos del Valle (UDMA) y Móstoles (PP). Todos los alcaldes de estos municipios fueron detenidos en la operación, excepto el de Móstoles, donde la Guardia Civil detuvo al concejal de Medio Ambiente, Alejandro de Utrilla.
Hay casi otra veintena de consistorios en el punto de mira por contratar a la empresa de José Luis Huerta Valbuena, también detenido en la misma operación. La compañía de Valbuena, Waiter Music, se encargaba de organizar eventos y hacía de mediadora en los contratos con los artistas que actuaban en los festejos. Entre los ayuntamientos que contaron con sus servicios están: Getafe, Alcalá de Henares, Aranjuez, Leganés, Boadilla del Monte, Navalcarnero, Chinchón, Alcorcón, Algete, Coslada, Colmenar de Oreja, Arroyomolinos, Ciempozuelos, El Álamo, El Berrueco, La Hiruela, Manzanares el Real, Moraleja de Enmedio, Pinto, San Martín de la Vega, San Sebastián de los Reyes, Velilla de San Antonio o Villanueva de la Cañada. El Ayuntamiento de Madrid, a través de los distritos de Barajas, Villaverde o Ciudad Lineal también contrataron a la sociedad de Valbuena.
La ‘operación Púnica’ tiene varias ramas abiertas, entre ellas las que entran por las puertas de la propia Comunidad de Madrid, donde actualmente está imputado José Martínez Nicolás, exconsejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM). El juez señala al ejecutivo regional de contratar a EICO, la empresa de Alejandro de Pedro, para limpiar la imagen en internet de Ignacio González o la consejera de Educación, Lucía Figar. Por su parte el ejecutivo autonómico argumenta que contrató los servicios de De Pedro para hacer un seguimiento de las informaciones que aparecían en los medios digitales relacionadas con la Comunidad de Madrid.
También se han visto salpicados otros gobiernos municipales por los contratos con las empresas de Alejandro de Pedro. El Ayuntamiento de Majadahonda gobernado por Narciso de Foxá (PP) contrató a EICO por 27.000 euros en 2010 y 2011 para el posicionamiento online de su candidatura, según publicó Vozpópuli.
El empresario contaba también con una red de diarios digitales bajo la mercantil Maldiva Editorial y Publicidad que, aunque tenían su grueso en la Comunidad Valenciana, se extendieron por Madrid. Los medios de De Pedro llegaron a tener cabecera en Alcobendas, Algete, Móstoles, Coslada, Alcalá de Heranes, Valdemoro, Majadahonda y Madrid.
A los territorios con el sello de Púnica hay que sumar los que llevaron la firma de Gürtel como Arganda del Rey, Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte o Majadahonda.
Y además, los versos sueltos
No es Gürtel y Púnica todo lo que reluce, en la Comunidad de Madrid también hay versos sueltos con nombre propio. El alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles (PSOE) está imputado por la denuncia que puso un trabajador contra él por un presunto delito de prevaricación, lesiones y otro contra la integridad moral. El exalcalde de Torrelaguna, Jacinto Llamas (PP), fue condenado a 12 años de inhabilitación en 2003 por un delito de prevaricación. También fue imputada en 2010 por malversación la alcaldesa de Torres de la Alameda, Clara Torre Ruiz (PP).
El actual alcalde de Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio (PP), tiene sobre su cabeza la petición de una fianza millonaria que supera a la de Rodrigo Rato por el caso Bankia de 5,6 millones de euros. Rubio sin embargo se mantiene como candidato a los comicios del 24M. La fianza, calificada como “histórica”, asciende a 9,4 millones de euros y responde a un presunto delito de prevaricación en relación a un contrato de permuta de unas parcelas firmado cuando era alcalde de Guadarrama en febrero de 2006. El caso aún permanece abierto a la espera de resolución judicial. Fernández Rubio también permanece imputado por un caso que ocurrió en 2001 por la concesión de una licencia al restaurante El Molino. El alcalde dio el visto bueno para que el local pasara de cafetería a restaurante, pero un particular lo denunció por daños medioambientales.
Los Ayuntamientos de IU tampoco se quedan al margen. El alcalde de San Fernando de Henares, Julio Setién, fue imputado en 2013 en el caso ‘Plaza de España’, que dejó sin vivienda a 200 familias. Cuatro años antes también había sido imputado junto con su predecesora, Montserrat Muñoz, por un presunto delito de malversación y tráfico de influencias en la adjudicación de unas obras a la constructora DICO. El exalcalde de Rivas-Vaciamadrid, José Masa, también fue imputado por presuntamente pagar 456 euros de las arcas municipales para fletar autobuses para boicotear un acto de Esperanza Aguirre. El despunte de Tania Sánchez en IU y su candidatura a la Comunidad de Madrid destapó una serie de contratos adjudicados al hermano de ésta, mientras Sánchez y su padre trabajaban en el Ayuntamiento de Rivas. El consistorio licitó varios servicios a la cooperativa de Héctor Sánchez entre 2002 y 2008 por valor de 1,2 millones de euros.
El alcalde de Villanueva del Pardillo, Juan González Miramón (PP), ya se ha sentado varias veces en el banquillo. Fue juzgado por tráfico de influencias en 2003 acusado de adjudicar “con carácter de urgencia” un contrato de limpieza a la empresa de su primo José Raúl González Martín. Tres años después, el regidor fue acusado de prevaricar a favor de su esposa tras autorizar la urbanización de un terreno en el que aparecía María Isabel Quebrada entre los propietarios. También fue condenado a dos meses de cárcel y otros dos de inhabilitación en 1997 por otro delito de prevaricación. González Miramón cercó un terreno en el que había un restaurante, restringiendo así el acceso a los clientes, porque los dueños se negaron a pagar el alquiler. El partido Vecinos por el Pardillo presentó el pasado 25 de julio una denuncia por tráfico de influencias contra González Miramón y su hijo Jesús María González Quebrada. Tal y como publicó este periódico en su día, González Quebrada emitió varias facturas por 93.000 euros a dos sociedades que tenían intereses inmobiliarios en el municipio que dirige su padre.
La Justicia también llegó a uno de los municipios con la mayor renta per cápita de la región. El exalcalde de Torrelodones, Carlos Galbeño (PP), fue imputado por un presunto espionaje a un concejal de su propio partido que denunció un supuesto caso de corrupción en los planes urbanísticos. Nueve kilómetros al oeste, en Colmenarejo, el exalcalde Julio García Elvira (PP) fue condenado por el Tribunal Supremo por adjudicarse en 1998 una finca pública a través de una empresa de la que era administrador.
La Fiscalía Anticorrupción denunció en 2007 una trama de corrupción urbanística en el PP de Madrid presuntamente dirigida por el entonces director de Urbanismo, Enrique Porto. Según la investigación del Ministerio público, Porto contaba con la sintonía del alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Partida (PP) y su esposa. El consistorio desbloqueó una operación en el sector de Los Pocillos donde Porto tenía terrenos que luego vendió con plusvalías. Allí se construyó una vía de 6 kilómetros que rodea el centro de Villanueva de la Cañada. El TSJM ratificó en 2010 la sentencia de 2008 que invalidaba el proyecto, aunque la carretera ya estaba construida y en uso. Porto dimitió en 2006 de su cargo tras la acusación del PSOE de cometer irregularidades en el plan urbanístico de Brunete.
El plan urbanístico de Tres Cantos de 2003 para construir 4.500 viviendas también fue anulado por la Justicia. Cinco años después la Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia contra la exalcaldesa, María del Valle de la Poza (TCU), el excondejal de Obras, Alberto Martínez Díaz, con terrenos en la zona en la que se desarrolló el plan urbanístico y el exdirector técnico de urbanismo, Juan Carlos Delgado. El fiscal consideró que los hechos que llevaron a la aprobación del plan podrían ser constitutivos de delitos continuados de cohecho, falsedad documental, fraudes de funcionarios, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, delito contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
Con dudosas recalificaciones de suelo, la mayoría de los casos aún sin resolución judicial y otros archivados, Madrid se enfrenta a unas elecciones municipales y autonómicas coloreadas de negro por sus cuatro puntos cardinales. Sólo su cielo se libra.