El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, ha dado un plazo de 24 horas al extesorero del PP balear Fernando Areal para que haga frente a una fianza de responsabilidad civil de 20.000 euros, cantidad que el magistrado le ha impuesto mediante el auto con el que ha acordado enviarle al banquillo de los acusados por un presunto delito electoral en los comicios autonómicos de 2007.
Del mismo modo, Castro le ha emplazado a que en diez días presente su escrito de defensa, en el que rebata las acusaciones que contra él vierte la Fiscalía Anticorrupción, que reclama tres años de cárcel para el procesado y una multa de 15.000 euros. Areal ha recurrido en reforma -directamente ante el Juzgado- la fianza civil, si bien la impugnación no tiene efectos suspensivos.
Areal ha llegado a los Juzgados de Vía Alemania de Palma sobre las 9.40 horas y ha abandonado las dependencias cerca de las 10.30, eludiendo hacer declaraciones ante los numerosos periodistas congregados. De hecho, a las preguntas que se le han formulado, el acusado se ha limitado a responder: «ustedes sabrán».
En concreto, las pesquisas se enmarcan en la pieza número 4 del caso Palma Arena, centrada en el pago de hasta 71.958 euros que el PP, a través de Areal, habría abonado en negro a la agencia de comunicación Nimbus por la organización de su campaña al haber superado los gastos electorales permitidos por Ley.
Precisamente, la Audiencia Provincial de Baleares dictó la pasada semana un auto en el que avala la existencia de pagos en 'B' por parte del PP balear a los organizadores de sus campañas electorales de 2003 y 2007, con Jaume Matas como candidato a la presidencia del Govern, que no quedaron reflejados en la contabilidad oficial del partido.
En su resolución judicial, que confirmaba el auto de pase a procedimiento abreviado dictado por Castro como primer paso para que el extesorero se sentara en el banquillo, el tribunal considera «verosímil» la confesión efectuada por el administrador de la empresa de publicidad Nimbus, Miquel Romero -para quien fue archivada la causa-, quien detalló cómo el PP, al detectar que se habían superado los límites de gasto, le pagó en negro 71.958 euros.
Una cantidad que, apunta la Sala, no tuvo reflejo en la contabilidad del partido, cuya llevanza y control «incumbía al recurrente» -en alusión a Areal- y que, «en consecuencia, habría resultado presuntamente falseada».
El tribunal recuerda cómo en los registros que se practicaron en la sede de Nimbus fueron intervenidos numerosos documentos que, en relación a la campaña electoral, «avalarían la realidad de tales pagos en negro» al hacer mención a que no se facturasen determinados conceptos, que en el caso de otros se hiciera a coste cero y otros en negro.
«No pudiendo olvidar que la entidad Nimbus podría haber operado de igual modo con ocasión de las elecciones del año 2003», abunda la Audiencia, si bien en este caso los hechos estarían prescritos.
Tal y como apunta la Fiscalía en su escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, entre las obligaciones que la Ley de Régimen Electoral General impone respecto a los fondos destinados a la campaña electoral destaca el establecimiento de límites a la cuantía que los partidos políticos pueden destinar a los mismos en atención al origen público de dichos fondos.
Así, Areal contrató a Nimbus compañía para que se encargase de la creación y diseño de anuncios y la gestión de la contratación de espacios publicitarios en diferentes medios de comunicación, trabajos por los que la agencia emitió contra el PP cinco facturas por un importe global de 249.872 euros, que fueron -salvo la última- remitidas a la Sindicatura de Comptes de Balears y al Tribunal de Cuentas de cara a su fiscalización.
Al margen de los anteriores servicios, Nimbus, durante los meses de abril y mayo de 2007 y por encargo de Areal, que actuaba en representación del PP, desarrolló numerosas tareas de creatividad y promoción de los mensajes electorales del partido, que generaron unos costes oficiales de 62.572 euros que, junto al margen de beneficio bruto del 15 por ciento, suponían un total de 71.958 euros.
Unos fondos que Areal decidió abonar en negro al haber superado el PP los límites legales fijados para gastos electorales, de modo que la cantidad fue entregada a Romero mediante diversas entregas de dinero en efectivo.
Es más, según relata el Ministerio Público, las entregas de fondos opacos fueron realizadas en la sede de la formación, sin que se haya podido determinar la procedencia de los 71.958 euros. Según la Fiscalía, Areal manipuló las cuentas del PP, falseando las mismas, al omitir «de forma deliberada» reflejar en la contabilidad las aportaciones realizadas en negro.
El fiscal Horrach destaca cómo el PP balear fue «beneficiario directo» de estos hechos delictivos por cuanto Areal actuaba en su calidad de administrador general de la candidatura del partido, destinatario directo de la propaganda electoral. Hechos que, incide, no constituyen acontecimientos aislados al tratarse de una «reproducción de la operativa que desarrolló el PP en la campaña electoral de abril de 2003».