Rafael Blasco, exconseller de Solidaridad y exdiputado 'popular' en las Corts Valencianes, irá finalmente a prisión. El Tribunal Supremo (TS) le ha condenado a seis años y medio de prisión por el fraude de ayudas al Tercer Mundo, dentro de la pieza 1 del conocido como caso Cooperación, relativa a irregularidades en la concesión de ayudas por parte de Solidaridad a la Fundación Cyes para proyectos en Nicaragua.
De esta forma, el TS rebaja en un año y medio la condena impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) al exconseller, quien le condenó en mayo de 2014 a ocho años de cárcel, junto a otras ocho personas más, por el fraude en subvenciones. El tribunal valenciano consideró que el exconseller dirigía el desvío de ayudas y evitó que llegaran a Nicaragua algo más de 1,5 millones de euros para trabajos de agua potable y canalizaciones.
Tras esta resolución valenciana, tanto las acusaciones como las defensas formularon recurso ante el TS –por quebrantamiento de forma, infracción de ley y precepto constitucional–, y el 25 de febrero se celebró una vista en esta instancia para que las partes pudieran fundamentar y exponer sus escritos.
El Alto Tribunal ha prolongado su deliberación hasta en dos ocasiones, y el plazo final concluía este viernes, día 5 de junio. Justificó estas decisiones en la «complejidad» del tema objeto de estudio, la pluralidad de recursos y características, y la prolijidad de motivos.
Los hechos tuvieron su origen la convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación en Nicaragua que convocó Blasco en marzo de 2008, y a las que concurrió la Fundación Cyes por medio del empresario Augusto César Tauroni. En total, por dos proyectos, la Generalitat otorgó a esta entidad 1,6 millones de euros, de los que solo llegaron a su destino 47.953,34 euros, es decir, menos de 3 por ciento, puesto que el resto se destinó a un «beneficio propio», a la compra de tres inmuebles y de un garaje en Valencia, según se exponía en la sentencia condenatoria del TSJCV.
Y esto fue posible tras «maniobrarlo» Blasco y Tauroni. El empresario lograba con ello una comisión del 25 por ciento del importe de las subvenciones, sin que conste «bien determinado», por otro lado, qué tipo de compensación recibiría el exconseller y sus colaboradores.
Para cometer estos delitos, Blasco, quien era consciente de que la fundación no cumplía con los requisitos previos exigidos y que tampoco destinó los fondos a los proyectos, contó con la colaboración de su anterior equipo directivo, que respondió a sus directrices «en atención a su autoridad» y ante el «temor» de que pudiera prescindir de sus servicios.