La mancha de sospecha que desprende el caso de las 317 viviendas de Loma Colmenar que fueron adjudicadas y negadas a sus dueños horas después –desvelada en exclusiva por ceutaactualidad.com–comienza a alcanzar a cargos del Partido Popular en Ceuta. En este caso es una vecina, que por miedo a represalias no quiere revelar su identidad, la que señala directamente al exviceconsejero y miembro del PP, Antonio López.
La afectada por la 'lista fantasma' afirma que Antonio López le «prometió» una vivienda de protección oficial, que acababa de quedar vacía, para luego pedirle un total de 60.000 euros por ella: «Él me aseguró que era la primera en una lista de diez personas por baremación y que tendría seguro la casa. Yo en ese momento me encontraba en la calle con hijos a mi cargo y no tenía ningún ingreso. Cuando llegó el momento de la verdad, Antonio me pidió 60.000 por la vivienda. Al final, la casa se la quedó un ciudadano musulmán por 52.000 euros. Entonces, ¿por qué a mi me pidió 8.000 más que a él? Antonio López te promete te promete y luego nada…».
Tras esta situación, la afectada amenazó al exviceconsejero de Emvicesa con llevarle a los tribunales. Situación ésta que calmó el propio López prometiendo a esta persona un piso de los 317 de Loma de Colmenar: «Tras advertirle que iba a ir por lo judicial, él me volvió a prometer que una de las 317 viviendas que se iban a sortear sería para mi y mi familia. De hecho, me llegó a firmar un documento que aún guardo en el que creía que se comprometía a adjudicarme una casa, aunque luego resultó que este trato estaba supeditado a la confirmación de un interventor. Al final, parece que cumplió porque aparecí en la lista, pero todo ha quedado en nada porque Emvicesa anuló todo».
La perjudicada confiesa que no se ha unido a la plataforma que han creado algunos de los miembros de la 'lista fantasma' porque piensa que algunos no se merecen la vivienda por su situación actual: «Yo me presento como acusación particular y no dentro de la plataforma porque tengo constancia de que algunos adjudicatarios de esa lista no necesitan la vivienda. Es más, muchos de ellos ya habían sido premiados con un piso de protección oficial y luego lo habían vendido. Sólo pido que se investigue la lista, nombre por nombre».
Por último, reconoce que algunos adjudicatarios llegaron a pagar un depósito por la vivienda, aunque no es ese su caso. «Algunos vecinos pagaron un tipo de depósito. Yo no lo pagué, aunque tenía alguna llamada de un número que no conocía que pudiera ser de Emvicesa, pero como yo no cojo llamadas de números desconocidos…».
Por su parte, el abogado Jorge Gil, que se encargará de llevar la acusación de 51 afectados, afirma que este tema se puede convertir en un «nuevo caso Urdangarin», porque cuando el juez comience a llamar uno por uno a los testigos y acusados saldrán emails y documentos de los que él dice tener constancia que «implicarán» a altos cargos del Gobierno y la oposición. Además el letrado también confirma que «existen» contratos firmados por algunos adjudicatarios y que algunos de ellos llegaron a «pagar un depósito».