«La mera circunstancia de que un militar -o cualquier funcionario- sufra una lesión con ocasión de la prestación del servicio no resulta suficiente para apreciar la concurrencia de los presupuestos de la responsabilidad patrimonial». Hace falta algo más, una circunstancia agravante que Defensa no reconoce. Las familias de los militares fallecidos han recibido una compensación sensiblemente inferior a lo que contempla cualquier seguro civil de accidentes de automóvil.
El Ministerio de Defensa, con el respaldo del dictamen del Consejo de Estado, rechaza indemnizar a las familias de cinco militares especialistas en desactivación de explosivos fallecidos en febrero de 2011 en la Academia de Ingenieros del Ejército de Tierra en Hoyo de Manzanares (Madrid), que provocó también heridas graves a otros dos militares. Al menos una familia ha recibido ya el rechazo oficial del Ministerio, el resto esperan la notificación indignados y anuncian recursos.
Solicitaban una indemnización equiparable a los militares fallecidos en misiones internacionales de paz, que alcanza hasta 140.000 euros, ya que precisamente se encontraban practicando un ejercicio en la fase de preparación de su despliegue en la operación de Naciones Unidas en Líbano. La compensación económica concedida por Defensa ha sido muy inferior a esa cantidad: 22.000 euros por el seguro colectivo para los miembros de las Fuerzas Armadas que tiene el Ministerio con la compañía Generali España; y una pensión extraordinaria de clases pasivas que, en el caso de uno de los fallecidos, supone 662 euros para el padre y otros 662 euros para la madre; otros no han recibido pensión.
«La vida de mi hermano vale lo mismo aquí que en Pekín», dice Sonia sobre la diferente interpretación que hace Defensa si se trata de un accidente en España o en Líbano, aún no ha recibido la comunicación oficial ni tampoco pensión alguna. Se declara sorprendida por el fallo del Ministerio, «indescriptible» dice, «se están riendo de nosotros, cinco años de espera para esto», añade.
Virginia Pavón, que perdió a su marido en el accidente de Hoyo de Manzanares, considera que «es de vergüenza que tengamos que recurrir y seguir de juicios», probablemente a partir de ahora por la vía civil. «Nunca han querido pagar una indemnización», asegura, aunque según cuenta y así figura escrito en la respuesta negativa del Ministerio, la opinión no ha sido unánime en Defensa.
El instructor del expediente y también el Interventor General de la Defensa informaron favorablemente en el sentido de elevar la indemnización de las víctimas, aunque finalmente se ha impuesto la negativa del Asesor Jurídico General y del propio ministro que firma el rechazo a la reclamación. La cúpula del Ministerio se ampara en un dictamen negativo que el Consejo de Estado aprobó el pasado 3 de junio, que aún no ha sido publicado en el BOE como es preceptivo.
«Impotencia y coraje (con el significado andaluz de 'disgusto') son los sentimientos que transmite Pavón. «No pueden cerrar el caso con dos hipótesis y ninguna clara y sin responsables». Hace referencia a las dos investigaciones realizadas, por el Grupo de Especialistas en Desactivación de Explosivos de la Guardia Civil y por la Comisión de Investigación nombrada por el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra.
Este último señala como causa probable que las ocho minas contra carro que se iban a destruir en el ejercicio, apiladas verticalmente, «se apoyaron sobre un trípode inestable», que unido a la humedad del terreno pudo provocar la caída de todos los explosivos y su detonación en cadena. Por su parte, la Guardia Civil señala que el lote de minas estaba caducado y pudiera haber algún elemento detonante enterrado o que alguna de las minas tuviera un fallo en los mecanismos de seguridad.
Para que la reclamación hubiera sido admitida Defensa argumenta que necesita una circunstancia agravante, y no considera así ni las minas caducadas ni reconoce imprudencia alguna, sino que lo ocurrido fue «un suceso de índole accidental e imprevisible». Se ampara también en que las diligencias penales fueron archivadas.
«Los perjuicios morales que la muerte de un ser querido irrogan son inmensos», argumenta Defensa, «no obstante se ha de tener presente que la disparidad entre una suma económica y los lazos afectivos hace imposible un ajuste satisfactorio de ambos».
En ese punto siguen las familias con el Ministerio a los cuatro años de la tragedia. El seguro colectivo, «que los militares pagan con su nómina», y la pensión son «una vergüenza», en palabras de una de las viudas.