El Pleno del Senado aprobará este miércoles 9 de septiembre la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo después de que el pasado 16 de julio el Congreso diera luz verde a esta proposición de Ley Orgánica que impondrá el consentimiento paterno a las chicas de 16 y 17 años que acudan a abortar.
La reforma, que fue aprobada en la Cámara Baja con un total de 184 votos a favor, los del Grupo Popular, los cinco diputados presentes de Unió y el de Foro Asturias, llega este miércoles al Senado en los mismos términos en los que se presentó en abril.
La intención del PP es que pueda completar allí su tramitación sin que se incorporen cambios, de forma que el texto no tenga que volver a ser refrendado en el Congreso de los Diputados y pueda estar listo para su publicación en el BOE a finales del mes de septiembre.
Durante su votación en la Cámara Baja, hasta cinco diputados del PP rompieron la disciplina de voto, ya fuese durante la votación del dictamen o en la votación de conjunto. Este miércoles, no más de media docena de senadores del PP volverán a votar en contra, según han adelantado fuentes parlamentarias.
Según explican las mismas fuentes, el motivo que llevará a estos senadores a romper la disciplina de voto es que para ellos, votar a favor de la reforma sería como refrendar la Ley del aborto de 2010. En cuanto a las posibles sanciones, apuntan que por el momento la dirección del grupo popular está teniendo un trato exquisito con los 'díscolos'.
Al margen de las particularidades dentro del PP, votaron en contra de la reforma el PSOE, Convergència, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, PNV, Amaiur, ERC, BNG, Coalición Canaria, Compromís y Geroa Bai, es decir, que sólo contó con el apoyo del propio Grupo Popular, Unió y Foro Asturias.
Según fuentes parlamentarias, algunos senadores de Convergència podrían cambiar hoy su voto al 'sí' en caso de que se aprobara la enmienda que presentaron para que las menores con situaciones familiares especiales puedan constituir una excepción en la reforma.
En el caso de Unió, que votó a favor de la reforma en el Congreso, falta por conocer lo que decidirá uno de sus tres senadores ya que en estos momentos se encuentra en tránsito dentro de CiU.
Trámite de la ley
Así, este miércoles podría concluir el trámite de esta iniciativa que el Grupo Parlamentario Popular registró en el Congreso después de que el Gobierno retirase la reforma del aborto que había planteado el Ministerio de Justicia, un proyecto que proponía la instauración de un sistema de supuestos más restrictivo que el vigente desde 1980 y cuya desaparición implicó la salida de Alberto Ruiz Gallardón.
La modificación sólo toca las leyes de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo y la de Autonomía del Paciente para que el aborto vuelva a ser una de las tres excepciones en que una persona que ha cumplido 16 años de edad necesita el consentimiento de sus tutores legales, junto a la reproducción asistida y los ensayos clínicos. En caso de que la joven discrepe de sus tutores, tendrá que acudir a un juez para que medie en el conflicto.
La forma escogida para impulsar la reforma ha sido cuestionada por los grupos parlamentarios y las ONG desde el principio, ya que al presentarla en forma de proposición de Ley Orgánica, no ha tenido que pasar el filtro de los órganos consultivos del Estado, encargados de informar las leyes.
Críticas
Asimismo, el fondo de la cuestión ha recibido numerosas críticas: sus detractores aseguran que abocará a un aborto ilegal e inseguro a las chicas más vulnerables, aquellas que cumplen algunas de las causas tasadas en la ley para no informar a sus progenitores, como en caso de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones o desamparo.
Tampoco ha contentado a las asociaciones auto denominadas provida, que exigían al Gobierno el cumplimiento de sus compromisos electorales entendiendo que estos eran la derogación del sistema de plazos actual y la reinstauración del sistema de plazos que avaló el Tribunal Constitucional en una sentencia en 1985.
El PP, por contra, ha defendido que este es el único aspecto en el que hay consenso social suficiente y se remite a lo que tenga que decir el Tribunal Constitucional sobre el resto de cuestiones.