El Gobierno de Mariano Rajoy reacciona a las denuncias sobre el presunto cobro de comisiones por hacer trabajos de intermediación para empresas españolas por parte de su embajador en India, Gustavo de Arístegui. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha informado este viernes -dos días después de que este caso trascendiera a la opinión pública- de que la Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda, reaccionó «de manera inmediata» a estos hechos y «requirió» al embajador para que diera las «explicaciones» pertinentes.
Según Santamaría, Arístegui compareció ante dicha oficina el pasado 9 de diciembre, antes de que se iniciara el procedimiento por el que se van a investigar sus actividades. Una bomba que ha explotado a mitad de la campaña electoral para las elecciones del 20 de diciembre. La vicepresidenta del Gobierno ha evitado este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros hacer valoraciones sobre las encuestas publicadas en los distintos medios de comunicación, por no parecerle «prudente». Sin embargo, sí ha aprovechado la cuestión referida a Arístegui para sacar pecho de las nuevas leyes anticorrupción aprobadas a lo largo de esta legislatura.
La 'número dos' del Gobierno ha insistido en que esta «manera inmediata de actuar» ha sido posible gracias a la aprobación de la Ley reguladora del ejercicio del Alto Cargo y la Ley de Transparencia. «Con ambas, la Oficina de Conflicto de Intereses tiene la capacidad de actuar de oficio e inmediatamente tan pronto como tenga noticia de cualquier forma de un posible o supuesto incumplimiento de las leyes. Hemos cambiado las leyes en este Gobierno para que esto sea así y sea posible», ha zanjado.
Santamaría ha recordado que «en cuanto hay información que puede suponer un incumplimiento de estas leyes, inmediatamente la Oficina de Conflicto de Intereses abre un procedimiento al respecto y así se ha realizado». Además, ha explicado que los altos cargos, donde están incluidos los embajadores, deben presentar su declaración de bienes al inicio y al final de su mandato y que la Oficina de Conflicto de Intereses lo analiza para comprobar si las posesiones son consecuentes con los ingresos.
La información publicada por el diario El Mundo no sólo señala a Arístegui, sino también al diputado 'popular' Pedro Gómez de la Serna, y actualmente miembro de la Diputación Permanente. Ambos han sido denunciados por un antiguo colaborador, acusados de ejercer como intermediarios para conseguir contratos en el exterior para empresas españolas, a cambio de comisiones. Ante este hecho, el Partido Popular, la formación en la que ambos militan, anunciaron este jueves a última hora y mediante un escueto comunicado oficial que había decidido abrir «un expediente informativo» a los dos implicados. Una decisión que el partido tomó pocas horas después de que el presidente del PP, Mariano Rajoy, defendiera públicamente la actuación de De la Serna.
Rajoy defiende a sus compañeros
El presidente del Gobierno se parapetó en lo que al embajador respecta, y reconoció que no conocía «muy bien el asunto» de los supuestos negocios privados de Arístegui. Pero en el caso de Gómez de la Serna, candidato del PP también en estas elecciones, apuntó que confiaba en las explicaciones que había dado. «Él es diputado pero el Congreso le permite compatibilizarlo con el ejercicio de su profesión y lo ha hecho. Él no ve nada ilegal ahí y por tanto yo le creo», comentó en una entrevista en Los Desayunos de TVE.
El Gobierno no pedirá explicaciones a Gómez de la Serna por ser «diputado y no alto cargo». «Eso debería de hacerlo el Congreso de los Diputados», han explicado a Estrella Digital fuentes gubernamentales, en un intento por marcar distancias entre el poder ejecutivo y el legislativo. Rajoy ya advirtió este jueves de que él no es partidario, en general, de endurecer el régimen de incompatibilidades de los diputados. Pero tampoco cerró la puerta a algunos cambios. «A lo mejor habría que impedir ser alcalde y diputado o estudiar si se puede cobrar o no por ejercer otra profesión además de la de parlamentario», se limitó a apuntar el presidente del Gobierno.
En lo que al PP respecta, su vicesecretaria general de Estudios y Programas, Andrea Levy, ha asegurado que se estudiará «hasta el final» ambos casos. Tanto es así, que en Génova han decidido apartar a Pedro Gómez de la Serna de la campaña pese a que es el 'números dos' de la candidatura por Segovia.