El secretario general de Manos Limpias, acusación popular en el 'caso Nóos', Miguel Bernard, se ha felicitado del auto de la Audiencia de Palma de Mallorca que rechaza aplicar a esta causa la denominada 'doctrina Botín' y mantiene en el banquillo de los acusados, entre otros, a la Infanta Cristina de Borbón. Lo considera un «triunfo de la sociedad civil y del Estado de Derecho» que contriburá a restablecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
En declaraciones a Europa Press, Bernard ha señalado que considera que la decisión de la Audiencia Provincial de Palma es buena «incluso» para la Jefatura del Estado y que sin embargo no es nada positiva para la Fiscalía y la Abogacía del Estado, «que han quedado en evidencia».
«Habrá un antes y un después de la doble vara de medir de Fiscalía y de algunos magistrado», ha añadido Bernard, para incidir que la decisión adoptada este viernes fortalece el artículo 14 de la Constitución, que es el que preconiza la igualdad entre todos los ciudadanos .
«Estamos todos al mismo nivel, se trate de un banquero, un político, un sindicalista o un miembro de la Casa Real, no somos diferentes por condición económica, por relaciones familiares o por cualquier otra cosa», ha insistido el secretario general del sindicato.
Considera que en un momento «delicado» como el actual, con el «sistema tocado del ala» por numerosos casos de corrupción, la decisión del tribunal que juzga el «caso Nóos» supone reforzar el principio de legalidad y demostrar «que la justicia es independiente».
Por otro lado, considera que la resolución viene a demostrar que la Fiscalía «no tiene el monopolio de la defensa de la legalidad», que puede ser ejercida al mismo nivel por las acusaciones populares.
Advierte que así lo señala el artículo 125 de la Constitución y que «ninguna ley ordinaria ni orgánica» puede mermar lo establecido en dicho artículo. «Si se quieren cargar la acusación popular tienen que tocar la Constitución», ha manifestado Bernard.
Finalmente, ha recordado que la acusación que representa pide 4 años para cada uno de los dos delitos fiscales atribuidos a la hermana el Rey como cooperadora y que de ser finalmente condenada Cristina de Borbón irá a prisión. «Y esta es la realidad del procedimiento», ha concluido.