El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una queja de oficio con el fin de conocer el estado de protección de la Zona Arqueológica de Huelva, declarada así por Orden del Gobierno andaluz en el año 2001. Todo ello a raíz de los movimientos de tierra que tuvieron lugar el pasado mes de enero en el yacimiento Santa Marta-La Orden.
Según reza en el escrito el Defensor del Pueblo considera oportuno incoar esta queja de oficio ante la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Huelva con el objeto de conocer las medidas de protección, las labores de intervención arqueológica que se hubieran realizado desde la aprobación de la orden que la declaró como zona de protección y el calendario de intervenciones previstas sobre tales yacimientos.
En el citado texto, precisa que esta institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha venido desarrollando «una amplia y dilatada labor de atención al eficaz sistema normativo de promoción y protección del patrimonio histórico artístico».
Así, en los sucesivos informes anuales al Parlamento, al igual que con motivo de la elaboración de los informes especiales, la institución ha querido contribuir al mejor desempeño de las actuaciones de los poderes públicos para la protección y puesta en valor de nuestra riqueza monumental. Todo ello en consonancia con las funciones de protección y tutela de los derechos establecidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía en el ámbito de la cultura.
En el amplio escenario de intervenciones de este tipo que se producen a lo largo del territorio andaluz ocupa un lugar preeminente las acciones que posibilitan «el efectivo disfrute» del patrimonio cultural gracias a promover su conocimiento e investigación a través de las intervenciones arqueológicas.
Todo ello, continúa el texto, «con el objetivo de que la investigación revierta en un aumento y cualificación del conocimiento histórico de nuestro pasado y presente». A su vez, defiende que en el conjunto de actividades de protección de la riqueza arqueológica andaluza, las autoridades culturales ha venido desarrollando «una importante labor de localización, descripción e investigación de las zonas que han acreditado este interés en el conjunto de elementos que componen el rico y variado Patrimonio Histórico Andaluz».
Así, en el caso de la ciudad de Huelva, a raíz de la orden, se señalan hasta nueve zonas repartidas por toda la ciudad, debidamente delimitadas que adquieren la categoría de «yacimientos arqueológicos», lo que implica «proteger y conservar el patrimonio arqueológico existente en la ciudad y concretar el régimen de investigación de estos bienes conforme a un adecuado marco para la difusión de los valores culturales que han motivado la inscripción».
De ahí que, coherentemente con los bienes protegibles, se describan toda una serie de medidas especificadas como 'instrucciones particulares' para la protección de estos espacios y la previsión de su estudio, investigación y puesta en valor por la comunidad científica.
Yacimiento Santa Marta- La Orden
De manera más concreta se refiere al yacimiento de Santa Marta-La Orden, afectado por los movimientos de tierra denunciados por un particular al Seprona, caso del que se encarga el Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva, y recuerda que en 1998, en una de estas zonas, se llevó a cabo una intervención arqueológica de urgencia, documentándose una estructura de almacenamiento de época islámica y también pudieron recogerse materiales de la Edad del Cobre.
Según informaciones posteriores, en la zona se encontraron en 2006 millares de estructuras arqueológicas con vestigios desde la prehistoria, así como dos conjuntos de ídolos -con 29 estatuillas en total- datados en torno al tercer milenio antes de Cristo, llegándose a publicar que el yacimiento arqueológico se encontraba a la espera -desde 2006- de contar con los permisos de excavación y estaba llamado a confirmar a Huelva como la ciudad más antigua de Occidente.
También refiere que estos movimientos de tierra «han rebajado el terreno hasta cinco metros en cuatro parcelas de restos arqueológicos, alguno de ellos acreditados como necrópolis de 5.000 años de antigüedad».
Por todo ello, el Defensor señala que, más allá de las actuaciones que dé lugar la instrucción del caso, interesa conocer las actuaciones previas de la autoridad cultural en orden a las previsiones establecidas desde que fueron declarados e inscritos como tales yacimientos.
Por último incide en que, a la luz de los acontecimientos, resulta de especial interés conocer las medidas de protección establecidas y, asímismo, la capacidad de respuesta y reacción de la autoridad cultural para impedir supuestos de agresiones y expolios de la envergadura como la que se ha descrito en «el lamentable caso» de este yacimiento onubense.