El empresario Gustavo Buesa, detenido hace una semana por unas supuestas adjudicaciones irregulares en Lloret de Mar en el marco de la investigación de donaciones a la fundación Catdem, vinculada a CDC, ha empezado a declarar hoy ante el juez de Blanes (Girona) que investiga el caso.
Además de Buesa, han sido citados a declarar otros imputados y testigos en este caso, en el que se investiga el presunto amaño de adjudicaciones municipales para favorecer a la empresa GBI Serveis, propiedad de Buesa, exsocio de Jordi Pujol Ferrusola, que logró contratos para la gestión de la recogida de basuras de Lloret por importe de 80 millones.
Según ha asegurado a la prensa el abogado de Buesa, Carles Monguilod, de las declaraciones que se han tomado no se desprende ningún trato de favor hacia su cliente.
Monguilod ha asegurado que nadie ha aportado pruebas de que el Ayuntamiento de Lloret de Mar haya beneficiado a Gustavo Buesa «por el hecho de haber hecho donaciones a fundaciones de un partido u otro«.
El abogado ha detallado que el juez ha preguntado por ese asunto y ha destacado que todo el dinero que recibió la fundación Catdem está «declarado a Hacienda» de manera «totalmente legal».
«Si no se pueden hacer donaciones hay que prohibirlas, pero como no estaba prohibido (Gustavo Buesa), como ciudadano libre de un país democrático, tiene sus ideas y dona a las fundaciones cuando le parece bien y oportuno», ha subrayado Carles Monguilod.
Monguilod ha asegurado incluso que desconoce «qué delitos se pueden haber cometido» y que ni siquiera se han dado «evidencias de conductas delictivas».
«Estoy tranquilo de como está saliendo la instrucción», ha indicado el defensor de Gustavo Buesa, que ha reclamado «prudencia» a la espera de que «el fiscal concrete qué conductas delictivas entiende que ha habido».
El letrado ha desvelado que el juez le ha preguntado a su defendido y al resto de testigos e investigados, entre ellos exconcejales de Lloret de Mar, así como el secretario y el interventor que también fueron detenidos hace una semana, por «la tramitación de la concesión de basuras, por qué se hizo concurso, por qué por diez años y otras cuestiones técnicas».
Uno de los investigados, el exconcejal de Medio Ambiente de Lloret de Mar Ignasi Riera, que formó parte del equipo de gobierno convergente entre 2007 y 2011, ha explicado a su salida del juzgado que está «muy tranquilo», porque todos los trámites se realizaron desde la legalidad.
«Lloret vive del turismo y la limpieza del municipio es fundamental», ha indicado el exconcejal, que tiene «la conciencia tranquila de haber hecho el trabajo bien hecho».
EFE