El exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid Daniel Ortiz declara este martes como investigado en el caso Púnica para aclarar ante el juez Eloy Velasco si influyó en la concesión de un contrato de 73 millones a la multinacional Cofely cuando era alcalde de Móstoles a cambio de una mordida de 746.000 euros.
También ha sido citado hoy como investigado el alcalde de Puebla de Lillo (León), Pedro Vicente Sánchez, en relación a la presunta contratación de servicios de reputación online a la empresa del considerado conseguidor de la Púnica Alejandro de Pedro para mejorar la imagen de los presidentes de la Diputación de León con los que colaboró como jefe de gabinete, primero con la fallecida Isabel Carrasco y después con su sucesor Marcos Martínez, quien fue detenido cuando estalló este caso.
En cuanto a Ortiz, el juez Velasco le llamó a declarar después de que la investigación que abrió sobre él en el marco del caso Púnica le fuera devuelta por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid cuando éste renunció a su cargo de diputado regional y con ello a su aforamiento.
El juez Velasco pidió el pasado 11 de mayo al TSJM que abriera una investigación a Ortiz, al carecer entonces él de competencia para ello por tratarse de un aforado, ante los indicios de que el exalcalde pudo influir para lograr el citado contrato para Cofely «presionando continuadamente sobre empleados públicos y autoridades municipales, prevaliéndose de su posición como alcalde».
En esa resolución, Velasco detallaba que Ortiz tuvo «ánimo de lucro personal» con estos «actos de corrupción» en el concurso de suministro energético de edificios municipales y centros educativos de Móstoles, licitado en diciembre de 2013 y adjudicado unos meses después por importe de 73.143.434 euros en un periodo de 12 años.
Por estos hechos, el juez vio indicios contra Ortiz de delitos de fraude a la Administración Pública, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, infidelidad en la custodia de documentos, revelación de secretos y cohecho.
Las irregularidades, dice Velasco, se hicieron a cambio de mordidas «como reconocimiento a su ayuda para obtener el contrato», de un total de 746.000 euros en tres partidas de 240.000, 500.000 y 6.000 euros.
Según el juez, Ortiz recabó información de los funcionarios de cómo estaba transcurriendo la licitación del contrato para luego dársela a Cofely y que consiguiera puntuar más que sus competidoras, Fulton y Dalkia.
Daniel Ortiz dimitió el 8 de julio, dos días después de que el TSJM aceptara investigarlo por su supuesta relación con la trama Púnica, tal como pidió Velasco, por lo que en ese momento perdió el aforamiento.
Renunció ese día voluntariamente a todos los cargos que ostentaba hasta el momento: diputado en la Asamblea de Madrid, concejal en el Ayuntamiento de Móstoles y presidente del PP en la localidad.
EFE