En España los profesores de Religión católica no se enfrentan al proceso de oposición para obtener plaza en colegios e institutos públicos, como hace el resto de profesorado de la educación pública. Sin embargo, tienen puesto fijo en los centros y su sueldo depende directamente del Estado. Es decir, se benefician de las condiciones y características que ofrece un puesto en la Administración Pública sin afrontar ningún tipo de proceso selectivo. Además, la materia que imparten en los centros la decide la Conferencia Episcopal Española (CEE) y no el Ministerio de Educación, como ocurre con el resto de asignaturas.
Según datos ofrecidos por Europa Laica, el coste de los docentes de Religión, tanto de la escuela privada-concertada como de la pública asciende a 610 millones de euros al año. “Son designados por la Iglesia Católica pero pagados por el Estado. Respecto a la enseñanza concertada católica, el coste supone 4.300 millones de euros al año que el Estado le da a una empresa privada, la Iglesia Católica, para que desarrolle su educación en sus centros”, explica Juanjo Picó, portavoz de la organización.
Elegidos por la Iglesia Católica
Los profesores de Religión deben contar con un una titulación en Magisterio o Grado de Maestro para Primaria o bien una licenciatura para Secundaria y su designación sólo depende de la Iglesia Católica. Para impartir clase deben tener la declaración de Competencia e Idoneidad que solo otorga la CEE a través de los obispos diocesanos. “Estos llamados profesores, para nosotros catequistas, no tienen ningún tipo de titulación adquirida bajo mérito y capacidad. No pasan ningún tipo de oposición como pasa cualquier maestro o profesor de instituto. Son designados directamente por el obispo, en definitiva por la Iglesia Católica y no hay ningún tipo de control”, aclara Picó que también hace referencia a la potestad que detenta la CEE para nombrar y apartar a docentes, incluso por causas ajenas a criterios estrictamente educativos.
Según cuenta el portavoz de Europa Laica, se han dado casos de despidos improcedentes por causas personales, como por ejemplo, por divorcio que también ha tenido que costear el Estado. “Este tipo de casos están en los tribunales. Se divorcian y son despedidos, o no les renuevan el contrato. Al ser un despido improcedente lo paga el Estado. Pueden despedir o no que lo paga el erario público”, dice Picó.
Falta de supervisión del currículo
Por otro lado, Europa Laica y Comisiones Obreras denuncian la falta de supervisión por parte del Ministerio de Educación del currículo que se imparte en las aulas. Es la CEE la que determina y promueve los temarios. “La educación es responsabilidad del Estado y el Estado no puede hacer dejación de este tema. Es vergonzoso. El contenido lo decide la CEE y el Gobierno lo que hace es pasarlos directamente al Boletín Oficial del Estado”, critica Picó. “Los padres que quieran que sus hijos estudien religión tienen parroquias, mezquitas y sinagogas pero no en la escuela. La escuela está para aprender, no para creer y actualmente eso no es así”, añade el portavoz de Europa Laica.
Esta situación genera malestar en la Comunidad Educativa, que denuncia el agravio comparativo que existe entre los docentes de Religión y el resto de profesorado. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, los profesores de Religión siempre han recibido la paga de verano mientras que, de momento, el resto de profesores interinos no. Además de no pasar por el proceso de oposición cobran los meses de verano, mientras que los profesores interinos no. “Claro que hay malestar. Saber que ellos sin oposición cobran los dos meses de verano, saber que les sacan las vacantes con antelación para poder escoger colegios, etc. A parte del tema de ‘Religión fuera de la escuela’ que ese es otro debate , entrando por ‘enchufismo’, habiendo muchos interinos con oposiciones y experiencia en la calle”, explica a este diario un profesor interino de Madrid que prefiere preservar su nombre de la opinión pública. Lo mismo sostiene Rocío Suárez, también profesora interina en la Comunidad de Madrid. «Son supuestos educadores que no pasan por el mismo proceso que los demás para acceder al sistema público. Hay otra serie de educadores que afrontan una oposición no una vez, si no muchas en la vida hasta que obtienen una plaza fija», concluye Suárez.
Marina García-Rico