El Tribunal Constitucional (TC) ha levantado la suspensión cautelar que había decretado sobre varios artículos de la ley vasca de medidas de protección medioambiental para la fractura hidráulica, conocida como ley del «fracking».
El Alto Tribunal, según fuentes jurídicas, ha acordado levantar la suspensión de los artículos 2 (inciso «los hidratos de metano enterrados en el mar»), 3, 5, y 6 (inciso «así como la reposición de la situación alterada a su estado originario») y de las disposiciones transitorias primera y segunda de la ley vasca.
El Constitucional acordó la suspensión cautelar de estos artículos y disposiciones en mayo pasado y ya entonces el Gobierno Vasco previó la posibilidad de que unos meses después pudiera reconsiderar su decisión, como ha ocurrido.
La ley vasca del «fracking» se aprobó en junio del año pasado a partir de una iniciativa legislativa popular avalada por más de 100.000 firmas y, en un intento de evitar posibles recursos en su contra, no prohibía esta técnica de extracción de gas de manera genérica, sino que elevaba tanto los requisitos para poder desarrollarla que prácticamente la impedía.
En concreto la norma vasca permite a las instituciones de Euskadi vedar el uso de la fractura hidráulica en los supuestos en que pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona y sobre otras competencias relativas al aprovechamiento de hidrocarburos.
El Tribunal Constitucional ya había anulado anteriormente las leyes de Cantabria, La Rioja y Cataluña. Estas tres normas prohibían el uso de esta técnica y el Gobierno español las recurrió, al igual que hizo con la vasca.
La ley del «fracking» de Euskadi fue aprobada en junio del año pasado por el Parlamento Vasco sin el apoyo del PNV, formación que sustentaba entonces el Gobierno autonómico.
De hecho, el Ejecutivo de Vitoria ya advirtió de que «había dudas jurídicas» sobre la legalidad de su contenido al entender que la regulación de esta materia era competencia del Estado.
A pesar de ello, cuando el Gobierno de España decidió en abril interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, el gabinete de Iñigo Urkullu anunció que haría «todos los esfuerzos» para defender las competencias de Euskadi.
El Gobierno de Mariano Rajoy argumentó que las competencias en materia ambiental no implican vaciar de sus competencias al Estado, sobre todo cuando la normativa estatal establece el sometimiento de estos proyectos a la declaración de impacto ambiental.
Consideró además que la legislación vasca viola la normativa estatal sobre régimen minero y energético, y el principio de seguridad jurídicas al equiparar los permisos, tanto a los ya concedidos o en tramitación, como a las solicitudes que se formulen a partir de la entrada en vigor de la norma.