Las rechaza el conjunto de la comunidad educativa y las comunidades autónomas se han negado a aplicarlas. Docentes, alumnos, familias, asociaciones y sindicatos han convocado este miércoles una huelga general en la enseñanza -en primaria y secundaria- para mostrar su oposición a las pruebas de reválida previstas en la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
¿En qué consisten las “pruebas de evaluación”?
El Gobierno en funciones de Mariano Rajoy dio luz verde el pasado mes de julio al decreto para la implantación de estas “pruebas de evaluación” en la ESO y Bachillerato. Por un lado, los alumnos de 4º de la ESO se examinarán de siete materias: cuatro troncales, dos opcionales y una específica, a elección del alumno, que no sea Educación Física, Religión o Valores. Según explicó el Ejecutivo de Rajoy, la nota final constará en un 70% de la media de las calificaciones obtenidas en esa etapa y en un 30% la calificación en la evaluación final. “Quien no la supere no podrá acceder al Bachillerato y tampoco obtendrá el título de la ESO aunque tenga aprobadas todas las asignaturas. Es decir, un estudiante que suspenda esta reválida saldrá al mercado laboral sin titulación, y sus esfuerzos durante cuatro años aprobando todo no servirán para nada”, dice el Sindicato de Estudiantes.
Por otro lado, los alumnos de 2º de Bachillerato se enfrentarán a cinco asignaturas troncales, dos opcionales y una específica, a elección del alumno, que no sea Educación Física ni Religión. En este caso la nota final se ponderará de la siguiente manera; en un 60% la media de las calificaciones obtenidas en Bachillerato y en un 40% la calificación de la reválida. “De no ser aprobada, negará el título de bachiller. Es decir, que se saldrá al mercado laboral únicamente con la titulación de la ESO. De nada servirá haber aprobado todas las asignaturas de bachillerato: si se suspende esta injusta revalida, dos años de esfuerzos tirados a la basura”, añade el Sindicato de Estudiantes.
A estas dos pruebas se suma la de sexto de Primaria. En este caso la prueba se agrupa en tres áreas. Por un lado competencia lingüística y matemáticas y por otro básicas en ciencia y tecnología. Cada unidad de evaluación se contextualiza en entornos próximos a la vida de estudiante e incluirán situaciones personales y familiares, escolares, sociales, científicas y humanísticas.
Oposición del conjunto de la comunidad educativa
La comunidad educativa se ha unido para rechazar las pruebas de evaluación, conocidas como reválidas. Cree que el objetivo principal consiste en estigmatizar al alumnado, al profesorado e incluso a los propios centros. En concreto, el conjunto de la comunidad educativa advierte de que las reválidas supondrán la deslegitimación del profesorado y la pérdida de calidad educativa. Es decir, la evaluación continua pasa a segundo plano puesto que los alumnos se centrarán en estudiar sólo el contenido del que se examinan. Es más, el Congreso de los Diputados aprobó a principios de este mes una proposición no de ley para exigir la derogación del decreto que implanta las reválidas.
Tanto profesores, como alumnos y sindicatos de enseñanza creen que la implantación de este tipo de pruebas supondrán un coste adicional a las familias puesto que muchas de ellas pueden verse obligadas a pagar academias si el estudiante repite y tienen que volver a presentarse al examen. «A nadie se le escapa quién estará en peores condiciones para superar estos exámenes: los estudiantes de familias adineradas, con acceso a clases particulares, academias y a todos los refuerzos que necesiten para superar cualquier dificultad, tendrán garantizado su acceso a los estudios superiores a golpe de talonario», denuncia el Sindicato de Estudiantes.
Por otro lado, el coste económico que supondrá al Estado: sólo la adjudicación de la prueba de 4º de ESO costará 2,3 millones de euros. En definitiva, la comunidad educativa rechaza que el alumnado tenga que enfrentarse a una prueba externa que rechaza la evaluación continua.
Marina García-Rico