Los ocho diputados del PSOE que rompieron la disciplina de grupo en la investidura de Rajoy consideran que su voto «en conciencia» ese día era un «derecho innegable» que tenían en virtud de su reglamento interno y que les asiste la Constitución, según las alegaciones que han presentado al expediente sancionador.
Los ocho díscolos -Susana Sumelzo, Margarita Robles, Zaida Cantera, Odón Elorza, Rocío de Frutos, Luz Martínez Seijo, Pere Joan Pons y Sofía Hernanz- han enviado este lunes el mismo escrito de alegaciones al presidente del Comité de Disciplina, Luis Carlos Sauquillo.
En él sitúan su voto en conciencia en una «concepción ética de la política» y en un «marco de excepción» y aluden al artículo 67.2 de la Constitución Española, que recoge que «los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo».
Como motivos políticos, los díscolos alegan que se trataba de una votación «excepcional para la credibilidad del sistema democrático» y «trascendental para la vida de un proyecto político centenario como el del PSOE, en medio de una profunda crisis de la organización».
Argumentan que el mandato imperativo y la disciplina de voto en favor de la abstención «no resolvían la complejidad de la situación» y que, sin embargo, el voto en conciencia ha «puesto en valor el pluralismo de posiciones existente en el PSOE y entre sus votantes ante la investidura de Rajoy».
Tras subrayar que consideran que su voto fue un «ejercicio de responsabilidad y coherencia», dirigido a «salvaguardar la credibilidad del proyecto de cambio del PSOE para el futuro», estos diputados inciden en que concurrían las condiciones excepcionales que recoge el artículo 33 del reglamento del grupo para que éste hubiera permitido la libertad de voto por razones de conciencia.
Los díscolos defienden que, aunque el grupo no lo permitió, «votar por razones de conciencia suponía un derecho innegable para cualquier diputado socialista».
Se quejan además de que en la última reunión del grupo que hubo antes de la votación no les concedieron la palabra para manifestar sus razones, e insisten en que su voto fue «representativo del pluralismo de opiniones existente en el interior de la organización y entre el electorado socialista».
Alegan asimismo que no han «causado ningún daño al PSOE, ni significado ningún sacrificio de su proyecto, ni un ataque a su programa y valores», y que tampoco han «impedido la gobernabilidad de España, puesto que solo se precisaban 11 de los 84 votos con que cuenta el grupo socialista».
Los díscolos, que más que la sanción económica temen ser apartados de sus portavocías y cargos en las comisiones parlamentarias del Congreso, señalan en su escrito su «total disposición a continuar trabajando en las responsabilidades y comisiones» que tienen asignadas.
Tras haber recibido estas alegaciones, el responsable de disciplina, Luis Carlos Sauquillo, elevará su informe a la dirección del grupo parlamentario.
El Comité Director trasladará a su vez su dictamen al Comité Permanente -donde están también los portavoces de las comisiones-, que decidirá, en última instancia, las posibles sanciones y si remite el expediente a la gestora del PSOE para que pueda tomar sus propias medidas disciplinarias.
El grupo socialista del Congreso inició el pasado 31 de octubre, dos días después de la investidura de Rajoy, el procedimiento contra los quince diputados que votaron en contra, de ellos los siete del PSC, en el que se prevé una sanción económica de 600 euros.
Los siete representantes del PSC enviaron sus propios escritos a Sauquillo el día 31, en el que expresaban su «firme voluntad» de «seguir trabajando» con el PSOE y defendían que actuaron «en conciencia».
EFE