La Audiencia de Sevilla empezará el 12 de diciembre a deliberar sobre los recursos que los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán han presentado contra su procesamiento en la pieza política de los ERE, en la que se investigan a 26 ex altos cargos de la Junta de Andalucía.
Los magistrados de la sección séptima de la Audiencia tienen previsto concluir la resolución de todos los recursos antes de que acabe el año, según han informado fuentes judiciales.
Para la deliberación, los jueces han repartido los recursos entre quince de apelación y cuatro de reforma, han señalado las fuentes.
Los recursos de apelación son los que se presentan para que resuelva directamente la Audiencia sin intervención del juez de instrucción.
Entre ellos se incluyen los de Chaves y Griñán y los de Magdalena Álvarez, exconsejera andaluza y también exministra, así como los de varios exconsejeros procesados, como José Antonio Viera o Carmen Martínez Aguayo.
En la deliberación no participará la juez Mercedes Alaya, que forma parte de la sección séptima de la Audiencia, compuesta por cinco magistrados.
La exclusión de Alaya se debe a que, como fue la que abrió el caso de los ERE en el 2011, la ley le impide implicarse en asuntos que ha instruido previamente.
El pasado 14 de octubre, el juez de refuerzo del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, Álvaro Martín, dirigió los recursos a la Audiencia que se presentaron contra su auto de procesamiento sobre los 26 ex altos cargos.
El juez dictó el auto de procesamiento el pasado 31 de mayo, cuando dio por concluida la instrucción de esta pieza, la primera de los ERE que se acaba.
La Fiscalía Anticorrupción pidió seis años de prisión y 30 de inhabilitación para Griñán -presidente entre el 2009 y el 2013- por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación, una pena superior a la de su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, por su actuación cuando fue consejero de Hacienda. Para Chaves, que fue presidente durante 19 años, entre 1990 y el 2009, la Fiscalía pide diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación.
Además, la Fiscalía solicitó ocho años de prisión para tres exconsejeros andaluces, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo, por el delito continuado de malversación, y seis años para otra exconsejera, Carmen Martínez Aguayo, por el mismo delito.
Los autores de la malversación, según la Fiscalía, responderían solidariamente de la devolución a la Hacienda pública del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales por parte de la Consejería de Empleo entre los años 2000 y 2010, que ascienden a 741.616.545 euros.
Tras el informe de la Fiscalía, Manos Limpias se adhirió a sus peticiones de cárcel, mientras que la Junta de Andalucía, que está personada como acusación particular, pidió el archivo de la causa.
La Junta basó su petición en que «no existe prueba alguna de que la mayor parte de los encausados tuviesen conocimiento de la ilicitud penal, ni siquiera administrativa, en la concesión de ayudas y subvenciones».
El PP de Andalucía, por su parte, solicita dos años de cárcel y doce años de inhabilitación contra Chaves y Griñán al considerar que ambos y los otros 24 encausados han cometido un delito de «asociación ilícita».
EFE