Son muchos: 136 Controladores aéreos procesados en Madrid y 81 en Baleares. ¿Se imaginan el caos, si más de doscientos profesionales se van a la sala judicial a atender el juicio? Eso mismo está pensando el fiscal que interviene en el procedimiento y que ha iniciado gestiones para lograr un acuerdo entre las partes que lo hagan innecesario.
De los 21 juzgados que abrieron causa a los controladores aéreos por su presunta responsabilidad en los hechos que acabaron en el cierre del espacio aéreo español el 3 y 4 de diciembre de 2010, un total de 19 han archivado el caso. Solo Madrid, donde ya han intervenido nueve jueces sin pronunciarse y Baleares mantienen el procedimiento. Fuentes conocedoras de estos procedimientos explican que la parte sustancial de los procesos está en estas dos plazas, ya que «el resto de controladores faltaron a su puesto cuando el espacio aéreo ya estaba cerrado».
No son pocos los analistas en el seno de la profesión que consideran que quizá la estrategia del bufete que dirige el letrado José Antonio Choclán ha sido errónea y ha llevado a que no se cancele el procesamiento a los controladores. Además, es en Madrid y Baleares donde intervienen las acusaciones particulares más importantes (OCU y Cremades).
No es ajena a las intenciones de pacto de la Fiscalía que el Gobierno no tiene especial interés en llevar a primera página la evaluación de las decisiones adoptadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Caos organizativo.
En el centro de control aéreo de Madrid (TPC) trabajan 400 controladores y en el aeropuerto unos 100. Cada uno de estos profesionales hace 170 horas de control al mes; esas 170 horas por los 136 procesados, son unas 23.120 horas de control aéreo mensuales que se dejarían de hacer, un tercio de la capacidad de control. Otro tanto ocurre en Baleares. Teniendo en cuenta que Madrid controla casi un tercio de la Península. El efecto se extendería a buena parte de los sobrevuelos de la Península. Una grave situación organizativa, se piensa en el gestor de las infraestructuras y en la fiscalía. Sin embargo, si el juez llama a juicio penal, todos deberán acudir, sí o sí.
Las dudas jurídicas.
Las causas no han prosperado en 19 juzgados, que han ido descartando delitos en muchas de las prácticas de los controladores. Numerosos peritajes han demostrado la veracidad de muchas de las bajas laborales y descartado que al documento en el que fueron comunicadas, un acuerdo privado entre partes, pueda aplicársele el delito de falseamiento de documento público que plantean algunas acusaciones. Tampoco ha sido aceptado en esos juzgados el carácter colectivo de la acción de los controladores y se ha puesto en duda las bases del delito de sedición que ha llegado a plantearse en algún momento. También, el origen laboral del conflicto ha sido evaluado en algunos procedimientos, con posición favorable a los controladores aéreos.
La posición de los controladores
Cuenta la fiscalía con la natural disposición favorable de los controladores y sus organizaciones a un acuerdo. Los controladores llevan años preparándose para una posible sanción. Su exigencia más relevante es que esas sanciones judiciales no se traduzcan en despidos laborales. Y también su mayor temor.
Las indemnizaciones que solicitan algunas acusaciones son astronómicas. Quizás sea el momento, se piensa en alguna de las partes, de indemnizar razonablemente a los afectados reales y pasar página de un episodio de nuestra historia reciente.
Miguel de la Balsa