La muerte de Rosa, la anciana de 81 años que falleció el pasado lunes a causa de un incendio originado por una de las velas que solía emplear para iluminar la casa debido a que llevaba dos meses sin suministro eléctrico por impago, ha desatado un cruce de acusaciones entre el Ayuntamiento de Reus (Tarragona) y el Govern catalán, y la compañía Gas Natural al no haber comunicado que se trataba de un caso de vulnerabilidad social. Todos eluden su responsabilidad y se atacan mutuamente en este caso de pobreza energética que ha acabado en tragedia.
El último en pronunciarse ha sido el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien ha responsabilizado a Gas Natural Fenosa del «error clarísimo» al no comunicar al Ayuntamiento de Reus que cortaría la luz a la anciana fallecida. «La comunicación en el Ayuntamiento es un requisito indispensable para saber si ese corte afecta o no una familia vulnerable, porque si no se pueden producir todo tipo de errores y en este caso con consecuencias letales», ha denunciado el mandatario catalán.
Puigdemont subraya que la última palabra antes de autorizar un corte de luz la tienen los ayuntamientos. «Si en el caso de Reus se hubiera producido esta comunicación, hoy no estaríamos lamentando la muerte de esta persona. Tristemente un hecho luctuoso nos ha dado la razón», ha lamentado.
El Ayuntamiento de Reus, intregrado por PDECAT, UDC, ERC y Ara Reus, se ha manifestado en la misma dirección y también ha culpado a Gas Natural de no haberle comunicado la decisión. Su alcalde, Carles Pellicer, anunció este martes que llevará el caso a la Fiscalía al entender que la compañía comercializadora habría incumplido la Ley 24/2015, que regula que las compañías de suministros básicos deben comunicar a los servicios sociales municipales si van a cortar el servicio por falta de pago. «No vamos a permitir actuaciones irregulares que, por no cumplir la ley, pongan en riesgo la vida de ciudadanos», apostilló.
Gas Natural, por su parte, se ha defendido de las acusaciones y ha dejado claro que el Ayuntamiento no le informó en ningún momento de la situación de vulnerabilidad de la anciana. La compañía suministradora alega que dispone de un canal exclusivo de gestión con los servicios sociales de los ayuntamientos para poder atender conjuntamente los casos de vulnerabilidad. En el caso de Reus, la empresa ha asegurado que «tiene vigente y a pleno funcionamiento» este procedimiento desde 2014 y gracias a él se ha atendido a 150 clientes vulnerables.
Rosa, que vivía en su piso con una nieta mayor de edad y la pareja de ésta, recibía atención de los Servicios Sociales desde 2013. Su situación de vulnerabilidad se acentuó hace dos meses al cortarle el suministro de la luz por falta de pago. Según la concejala de Bienestar Social, Montse Vileia, la «falta de comunicación» en el caso de la electricidad impidió que la familia entrara en el llamado circuito de protección de personas vulnerables.
La muerte de Rosa llega al Congreso
La muerte de Rosa también ha irrumpido en el Congreso de los Diputados. Este martes, el portavoz adjunto de ERC en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, recordó a la anciana fallecida, aunque supo sortear la responsabilidad de su formación -gobierna en coalición en el Ayuntamiento de Reus y en el Govern- pese a denunciar este nuevo caso de pobreza energética. «Tuvo que escoger, como tantos otros, entre comer o pagar la luz; no somos antisistema, el sistema es anti nosotros», afirmó entre los aplausos de sus compañeros de bancada y también de algunos diputados de Podemos.
La Plataforma Antidesahucios (PAH) ha convocado una cocnentración frente al Ayuntamiento de Reus para expresar su estupor por el incendio mortal que le costó la vida a Rosa. Está prevista otra concentración a las 19 horas frente al ayuntamiento, en la que se anima a los manifestantes a llevar velas.
Samuel Jiménez