Los socios de KPMG Javier Hervás Martínez y Fernando Cuñado García-Bernalt, que han declarado hoy a petición de Bankia como peritos en el juicio contra 65 usuarios de tarjetas opacas de Caja Madrid, han asegurado que ningún documento de los que han examinado establece que las visas de libre disposición formaran parte de las retribuciones.
Ambos elaboraron, a petición de Bankia, un informe fechado el pasado 23 de septiembre que concluía que las tarjetas se emitieron fuera del circuito y no constituían «forma alguna de remuneración».
El documento señala que la emisión de estas tarjetas se llevó a cabo «sin regulación contractual alguna y sin someterse a procesos de control y fiscalización», por lo que no pudo constituir ninguna forma de remuneración.
Indica que no hay pruebas de que se aprobasen en el Comité de Medios ni en ningún otro órgano de gobierno, y respecto a los más de doce millones de euros desembolsados, apunta que «no fueron soportados o justificados conforme a los requisitos establecidos».
Durante su declaración, ambos se han reafirmado en lo expuesto en el informe, y han explicado que para identificar al usuario de cada tarjeta existían unos códigos numéricos que se conservaban de forma manuscrita, en papeles amarillos tipo «post-it».
Según han relatado, entre la documentación que manejaron para elaborar su informe no han identificado documentación alguna que soporte los gastos, lo que sí ocurre en otros casos de otras tarjetas de empresa.
Cuñado ha aclarado que el volcado de la información a hojas de cálculo excel es una práctica «normal» en el ámbito forense, ya que se trata de un formato «más manejable y procesable» que los datos cifrados almacenados en los servidores de la entidad.
Ambos han coincidido en que en su experiencia como auditores nunca han encontrado un caso similar al de Caja Madrid y Bankia.
Han explicado también sus peritajes los expertos de las defensas, como el propuesto por Pablo Abejas y Gerardo Díaz Ferrán, Didier Pascal, que ha negado que los gastos en los que incurrieron los usuarios de las tarjetas hayan afectado a Bankia, en contra de lo sostenido por el FROB y el propio fiscal.
Pascal ha calificado de «dislate económico» dicha idea ya que, ha explicado, «una cosa son los gastos de Caja Madrid, entidad independiente, y otra la valoración de los activos que se traspasaron a BFA» en el momento de la integración con el resto de cajas.
El último en declarar ha sido, a petición de la defensa de José Antonio Moral Santín, Julio Lapuente Bujía, exresponsable del departamento de relaciones laborales de Banesto.
Lapuente ha explicado que los consejeros, cuya relación con la entidad financiera era «estatutaria, y no mercantil ni laboral», podían percibir dietas, pero también una compensación de sus gastos que «se puede denominar de varias formas», pero en su opinión es un «concepto retributivo».
Asimismo, ha indicado que se trata de una práctica «no frecuente pero sí usual», aunque no ha podido especificar ningún caso concreto.
Tras cinco horas de sesión, el tribunal que preside la juez Ángela Murillo ha emplazado a las partes para mañana, jornada en la que proseguirán las declaraciones de los peritos.