domingo, noviembre 24, 2024
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La Federación de Municipios pide al Gobierno que legisle contra los cortes de luz a personas vulnerables

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El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha pedido hoy al Gobierno central que «legisle de inmediato» para que «bajo ningún concepto» se corte el suministro eléctrico a familias en situación de vulnerabilidad que no pueden hacer frente a su pago.

En la ponencia inaugural de la Segunda Conferencia de Presidentes de Gobiernos Provinciales, que se celebra hoy y mañana en Badajoz, Caballero ha considerado «urgente» que se eviten situaciones como la acontecida en Reus, con el fallecimiento de una anciana.

El también alcalde de Vigo ha recordado «con estremecimiento» el dato facilitado por la Asociación de Ciencias Ambientales, según el cual, en España hay más de cinco millones de personas, el 11 por ciento de los hogares, que ante la llegada del invierno no pueden mantener sus viviendas a una temperatura adecuada.

«Es intolerable que la sociedad tenga que convivir con esta injusticia social y humana, no es admisible que ante esta tremenda situación no se haga nada», ha afirmado.

Por ello y para facilitar que se agilice al máximo la actuación «urgente» del Gobierno, ha anunciado que los ayuntamientos informarán sobre la situación socioeconómica de aquellas personas o familias que no pueden hacer frente al pago de los suministros energéticos para mantener unas condiciones de vida dignas.

Caballero ha recordado que a título particular hay ayuntamientos, como el de Vigo, que llevan tiempo con ayudas en la medida de sus posibilidades a las familias que lo pasan mal.

Sin embargo, ha añadido que el problema «es de tal magnitud y preocupa tanto» que la solución debe tomarse cuanto antes a nivel global y el Gobierno de la nación «debe ponerse de inmediato a tomar medidas».

En su intervención en este foro, el presidente de la FEMP se ha referido a las entidades locales como legitimadoras de la política y ha añadido la necesidad de reformar la Constitución para blindar un marco competencial y de financiación. 

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