Los imputados por haber agredido a dos guardias civiles y sus parejas en un bar de Alsasua (Navarra) el pasado 15 de octubre se enfrentarán a penas de entre 10 y 15 años de cárcel por estos hechos, que se enmarcarían en un delito de lesiones terroristas.
Según han informado fuentes jurídicas, la investigación de este caso, en el que hay imputadas nueve personas -de ellas siete en prisión preventiva-, no se demorará mucho tiempo y la intención de la Fiscalía es reclamar contra ellos esa pena, estipulada en el artículo 573 bis 1 4º del Código Penal.
Este artículo se refiere a las lesiones terroristas, en las que se enmarcarían los hechos ocurridos en Alsasua, que serían un delito de terrorismo porque se trata, según la Fiscalía, de actuaciones que pretenden «obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo».
Tras una corta instrucción en un juzgado navarro, la investigación la lleva ahora la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, quien ha enviado a prisión incondicional y sin fianza a siete de los presuntos agresores.
Los siete fueron apuntados por las víctimas esta semana como autores de los golpes en sendas ruedas de reconocimiento celebradas en la Audiencia Nacional, en las que aparecían junto a gente de su ambiente y a otros presos trasladados «ad hoc» para ello al tribunal.
Pero estos siete no son los únicos imputados, también figuran otros dos, un hombre y una mujer, que no habrían participado directamente en los hechos, aunque sí se encontraban en el bar y habrían podido incitar a los golpes. Estas dos personas permanecen en libertad con la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado.
Los agredidos, un teniente y un sargento de la Guardia Civil y las parejas de ambos, se encontraban en un bar de Alsasua en la madrugada del 15 de octubre cuando un grupo de unas 50 personas empezó a increparles por su condición de agentes, aunque iban de paisano.
Según relataron las víctimas en el juzgado, los agresores propinaron puñetazos y patadas a los guardias civiles hasta dejarlos en el suelo, donde siguieron agrediéndoles.
Sus parejas intentaron defenderles y se llegaron a poner en medio protegiéndoles mientras estaban tumbados, ante lo que las mujeres también recibieron golpes. En su declaración, los cuatro afirmaron que temieron por sus vidas, han explicado las mismas fuentes.
Según la jueza, estas agresiones «se enmarcan en la dinámica permanente Alde Hemendik (Que se vayan) creada por ETA y las ilegalizadas KAS-EKIN para exigir la retirada de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y del Ejército del País Vasco y de Navarra».
La calificación de los hechos como terrorismo en base a ese supuesto intento de influir en la actuación de las fuerzas de seguridad ha suscitado esta semana polémica en el sector nacionalista del País Vasco y Navarra.
Así, el PNV cree esa calificación más gravosa una «barbaridad», los sindicatos ELA y LAB consideran las penas «desproporcionadas» y Sortu asegura que forma parte de una campaña para criminalizar a los sectores que quieren la expulsión de las fuerzas de seguridad del Estado del País Vasco.