En el Día Universal del Niño, Unicef Comité Español alerta de la situación de exclusión social en la que vive uno de cada tres menores españoles. Este domingo se celebra que el 20 de noviembre de 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue «un hito en la historia» para los defensores de los derechos de los menores de 18 años.
El director ejecutivo de Unicef Comité Español, Javier Martos, explica que en estos años ha habido «claroscuros«, ya que se ha mejorado la supervivencia infantil en muchas regiones del mundo, especialmente en América Latina, donde se ha reducido la mortalidad de los menores de 5 años.
Sin embargo, señala Martos, dentro de los «oscuros», 250 millones de niños viven en conflictos armados en distintos lugares del planeta como Siria, Irak, Sudán del Sur, Nigeria o la República Centroafricana.
En España, afirma, el principal problema de la infancia y la adolescencia es la exclusión social de los menores: uno de cada tres niños españoles vive en una situación de pobreza relativa. Supone la quinta tasa más alta de la Unión Europea sólo por detrás de Rumanía, Bulgaria, Grecia y Hungría.
«Desde Unicef Comité Español, creemos que nuestro impulso y nuestra energía debe estar orientado fundamentalmente a atajar este problema, porque es un problema de presente y de futuro, no solo para los niños, sino también para la sociedad española», destaca.
Además, expresa su preocupación por la llegada de menores refugiados y migrantes no acompañados, que no solamente está ocurriendo en la frontera sur española, donde 3.700 niños cruzan solos todos los años, sino también en otros contextos como Grecia e Italia, donde la mayoría de los refugiados sirios buscan una entrada a la Unión Europea.
En el marco de esta conmemoración, la Plataforma de Infancia, integrada por sesenta entidades, insta al Gobierno presidido por Mariano Rajoy a adoptar cinco medidas urgentes para afrontar la situación de crisis que viven los niños en España.
«Hemos perdido un año ante la ausencia de Gobierno y los principales problemas que afectan a la infancia no se han podido abordar en la agenda política», asevera el presidente de la Plataforma, Adolfo Lacuesta.
Esta circunstancia ha paralizado la aprobación de nuevas políticas sociales y ha supuesto «un empeoramiento de las condiciones de vida de los niños y de sus familias», subraya.
La Plataforma de Infancia entregará próximamente una agenda institucional con cinco compromisos mínimos a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, para que se tengan en cuenta al comienzo de la presente legislatura y durante el debate de los Presupuestos del Estado de 2017.
Uno de sus objetivos fundamentales es la consecución de un pacto de Estado por la infancia para garantizar que «ningún niño viva en España en situación de vulnerabilidad, a pesar de la crisis».
Entre sus reivindicaciones, figura también el aumento de la inversión en protección a los menores de edad del 1,3 al 2,4 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) para acercarlo a la media de la Unión Europea.
Elevar la prestación por hijo a cargo, desarrollar una ley para combatir la violencia que sufre la infancia y garantizar el derecho de los niños a participar, escuchando sus opiniones en todo aquello que les afecta, son otras de sus demandas.
Instituciones y partidos reafirman su compromiso con la defensa de los derechos de los niños en materia de educación, sanidad, política social, justicia y migraciones.
El Defensor del Pueblo recuerda que la última ley de protección de la infancia contempla que el menor deberá ser escuchado en cualquier procedimiento administrativo, judicial o de mediación en el que esté afectado.
EFE