El Consejo de Ministros del pasado viernes ya evidenció la estrategia que el Gobierno de Mariano Rajoy tiene previsto poner en marcha a lo largo de esta legislatura de minoría absoluta. El Partido Popular, y su líder, ya han advertido -a pesar de tener a toda la oposición en contra- de que no derogarán ninguna de las reformas aprobadas durante su mayoría absoluta. Y ya han encontrado la fórmula para evitar cualquier cambio que no cuente con el agrado del Ejecutivo: recurrir al artículo 134.6 de la Constitución, según el cual las proposiciones de ley de los grupos parlamentarios necesitan la aprobación del Gobierno si afectan al equilibrio presupuestario.
Lo hizo en octubre ya con varias iniciativas de la oposición. Y lo ha vuelto a hacer la semana pasada con la LOMCE, después de que el Congreso de los Diputados diera luz verde a la proposición socialista para suspender el calendario de aplicación de la Ley Educativa del PP. Una iniciativa que fue aprobada por todos los grupos, salvo el PP. El primer paso para derogar la ley actual, aunque los ‘populares’ ya han demostrado que darán la batalla hasta el final. Por el momento, la oferta puesta sobre la mesa por parte de Rajoy no incluye “ni derogar, ni paralizar” la LOMCE, sino intentar alcanzar entre “todos los grupos” un Pacto Nacional por la Educación.
El Gobierno acordó este viernes pedir a la Mesa del Congreso que «revoque» la toma en consideración de la proposición de ley socialista que inicia el camino para tumbar la también llamada Ley Wert. Y el ministro de Educación anunció que lo único que se paralizará serán los efectos académicos de la reválidas hasta que se alcance un acuerdo global.
Una decisión que ya ha puesto en alerta a los sindicatos. “Está en riesgo la función parlamentaria y uno de los pilares sobre los que se asienta la democracia: la primacía del poder legislativo sobre el Ejecutivo; por eso quienes consideramos innegociable la estructura básica del sistema democrático no podemos permitir que esta legislatura se inicie con un golpe autoritario del Gobierno contra la acción legislativa. En este contexto ¿qué podemos esperar de la oferta de diálogo social, si todo lo que no encaje en la estrategia del Gobierno podría ser vetado?”, se pregunta el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo.
¿Cómo aprobará el PP los PGE para 2017?
Comisiones Obreras también duda de si la actitud del Ejecutivo en el debate de los Presupuestos Generales del Estado 2017 será la misma cuando afecte a “partidas concretas de empleo, pensiones, desigualdad, educación, sanidad o políticas sociales, porque así las cosas la actividad parlamentaria sería un espejismo”. En opinión de este sindicato, se trata de saber si la legislatura que ahora comienza rompe el recurso abusivo al decreto ley que “el PP ya impuso durante la última legislatura”, y lo sustituye, por hacer valer la primacía de la acción legislativa en un contexto de agrupamientos parlamentarios dinámicos y cambiantes.
Una queja que Fernández Toxo tendrá oportunidad de trasladar esta misma semana al presidente del Gobierno, con el que se reunirá este jueves, en el marco de las conversaciones que el líder del PP quiere iniciar con los agentes sociales para reforzar el crecimiento económico y la creación de empleo. “Si finalmente, el Gobierno, mientras habla de diálogo actúa contra el mismo, valiéndose de argucias técnicas, las fuerzas políticas y sociales deben actuar sin miramientos en defensa de la naturaleza misma de la democracia parlamentaria”, advierte Toxo, quien cree que de lo contrario “estaríamos ante un trágala inaceptable”.
Elsa S. Vejo