La senadora y exalcaldesa de Valencia Rita Barberá ha negado hoy, en su comparecencia como investigada por un delito de blanqueo ante el Supremo, que existiera financiación ilegal en el PP valenciano y, aunque ha reconocido haber entregado 1.000 euros al partido, lo ha calificado de donación desinteresada.
Barberá se ha remitido al comité de campaña del partido en Valencia para cualquier información sobre una posible operación de blanqueo, dado que ella no tenía responsabilidad sobre la «provisión de fondos». Era este comité, del que formaban parte los concejales, el encargado de las labores económicas, ha dicho.
El Tribunal Supremo investiga la implicación de la senadora en un supuesto delito de blanqueo de dinero del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia a través de operaciones conocidas como «pitufeo», supuestamente realizadas cuando era alcaldesa de esta ciudad. Están relacionadas con el llamado Caso Imelsa.
Consistían, supuestamente, en que concejales y asesores del partido entregaran mil euros al grupo municipal y les fueran devueltos en metálico en billetes de 500 euros.
Rita Barberá ha negado «expresamente que en el PP de Valencia se produjera ningún tipo de financiación ilegal» o «la existencia de una Caja B en el PP valenciano» según reza el acta de la declaración, a la que ha tenido acceso Efe.
En este acta puede leerse que ha declarado no saber si el grupo municipal del PP manejaba dos cuentas corrientes y, en general, que «lo desconoce absolutamente todo de las cuentas».
Sobre la aportación de mil euros por parte de los militantes del PP, ha declarado que se acordó en un comité de campaña en el cual ella no estuvo.
Sobre su aportación de 1.000 euros, ha dicho que no recuerda quién le pidió que la hiciera y ha añadido que nunca se le devolvió tal cantidad en dos billetes de 500 euros. Se trató de una aportación puntual y voluntaria, ha aclarado también.
Ni Alfonso Grau, su mano derecha durante décadas en Valencia, ni Marcos Benavent, exgerente de la empresa pública Imelsa, le hablaron de caja B alguna o de contratos irregulares, ha declarado Rita Barberá, que en diversos momentos de su comparecencia ha confesado no poder explicar las informaciones sobre irregularidades en el PP valenciano publicadas en los medios de comunicación.
Así, ha reconocido conocer a Mari Carmen Fuster -responsable de finanzas popular en Valencia y principal imputada en la investigación del caso que se sigue en la ciudad del Turia-.
Sin embargo, ha añadido que solo ha conocido a través de los medios la posible existencia de «aportaciones al partido de cantidades muy cuantiosas por parte de terceras personas» denunciadas por Fuster.
Barberá (quien solicitó la baja en el PP a petición del partido el pasado mes de septiembre) ha comparecido hoy durante una hora aproximadamente ante el juez Cándido Conde Pumpido, el fiscal Juan Ignacio Campos y la acusación popular ejercida por el PSOE. Ha respondido a las preguntas de los dos primeros, pero no a las de la acusación popular.
La senadora ha llegado esta mañana antes de las 10.00 horas a la sede del Tribunal Supremo para declarar voluntariamente como investigada o imputada. La exdirigente del PP valenciano se ha presentado vestida de rojo y negro pero con aspecto abatido. A su salida, un reducido grupo de personas la esperaba mostrando una pancarta contra la corrupción.
Ni Barberá, ni su abogado, José Antonio Choclán, han querido hacer declaraciones a los medios. Han esperado dentro de la sede del tribunal hasta que ha llegado un taxi al que habían llamado, de modo que han podido alejarse del Supremo a bordo del mismo sin tener que permanecer más que unos segundos en la calle, donde se escuchaban algunas imprecaciones que el grupo reducido de personas que les esperaba les lanzaban.
La investigada ha comparecido de manera voluntaria para que el magistrado Cándido Conde Pumpido la pueda interrogar antes de decidir si pide al Senado el suplicatorio para actuar contra ella o archiva la causa.
La causa abierta por el Supremo se apoyó en el informe favorable del fiscal y deriva de la exposición razonada que envió al alto tribunal el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el denominado Caso Imelsa.
La investigación se relaciona con varios ingresos detectados en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a 200.000 euros.
Así mismo se indaga si con donaciones de mil euros de concejales y asesores que todos los investigados reconocen haber efectuado y que presuntamente les devolvió el partido en dos billetes de 500, se trató de blanquear ese dinero de supuesta procedencia ilícita.
En el auto que abrió la causa contra Barberá el Supremo destacaba que, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la investigación, los hechos descritos por el Juzgado pudieran ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales.
«Resulta imprescindible continuar la investigación sobre los hechos y sobre la participación en ellos de la persona aforada doña María Rita Barberá Nolla», dijo el Supremo.
EFE