El juez Santiago Pedraz ha acordado seguir investigando como homicidio imprudente el atentado a la embajada española en Kabul, en el que murieron 2 policías españoles, por los fallos de seguridad detectados en la legación en Afganistán y de los que los familiares de las víctimas responsabilizan al embajador y segundo embajador.
Pedraz ha adoptado esta decisión desoyendo a la Fiscalía, que hace unas semanas le pidió investigar este atentado, perpetrado el 11 de diciembre de 2015, como delito de terrorismo, lo que sería «incompatible» con calificar los hechos como «homicidios imprudentes», han informado a fuentes jurídicas.
El juez de la Audiencia Nacional optó por calificar de homicidio imprudente lo ocurrido al admitir el 2 de noviembre la querella de familiares de uno de los policías fallecidos y otras víctimas por dos supuestos delitos de homicidio imprudente y siete en grado de tentativa, ya que otros tantos agentes sobrevivieron al ataque.
Tras sobreseer meses después las diligencias que abrió por terrorismo a raíz del atentado ante la falta de autor -los atacantes murieron-, Pedraz las reabrió el mes pasado para admitir esta querella dirigida contra el embajador y el segundo embajador de España en Afganistán, Emilio Pérez de Agreda y Oriol Solá.
Días después, la fiscal Dolores Delegado le reclamaba que ciñera la investigación a delitos de terrorismo porque al tratarse de «un atentado cometido de forma dolosa e intencional» es imposible «establecer responsabilidades por imprudencia en su ejecución, al no estar prevista en el capítulo de los delitos de terrorismo la comisión por imprudencia de un delito de asesinato».
La respuesta de Pedraz ha sido archivar de nuevo las diligencias abiertas por terrorismo días después del atentado y que reabrió para admitir la querella, y seguir investigando lo sucedido por los delitos de homicidio imprudente.
Fuentes de la Fiscalía han manifestado su disconformidad con esta decisión y han anunciado que la recurrirán en apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Según el auto de admisión de la querella, las carencias de seguridad denunciadas provendrían desde la construcción de la Embajada en 2008 (situada además fuera del espacio de seguridad conocido como Greenzone), deficiencias que los denunciantes afirman se comunicaron al embajador y al Ministerio de Exteriores, que, según los querellantes, podría también tener responsabilidad civil.
La querella argumenta que, a pesar de las recomendaciones y peticiones de mayor seguridad de la sede diplomática, el embajador «nunca las atendió: ni sobre las deficiencias de estructuras ni las rutas y horarios del personal, manteniendo un mutismo absoluto ante el Ministerio del que depende pese a los informes del Cuerpo de Seguridad en la materia».
Pese a considerar solo como un delito terrorismo este atentado, la fiscal hacía también referencia a los fallos de seguridad en su informe a Pedraz.
Entre otros recordaba que el responsable del equipo de seguridad dirigió 4 notas informativas a los diplomáticos de la legación para su comunicación al Ministerio de Exteriores «en los que se expresan las deficiencias de la sede diplomática y las necesidades mínimas para garantizar unas ciertas condiciones de seguridad».
A esto añadía que en la mañana del día del atentado el asistente agregado de Defensa de la embajada española recibió de la francesa un correo alertando de la posibilidad de un atentado en las próximas horas o días «contra alguna sede diplomática», sin determinar cuál.
«Esta información fue reenviada esa misma mañana al Jefe del Centro Nacional de Inteligencia en Kabul y al segundo embajador español», mientras que los policías «encargados de la seguridad de la embajada no tuvieron conocimiento de la referida alerta sino hasta el viaje de regreso a España tras el atentado».
No obstante, la fiscal defiende que se trata de «un delito de terrorismo -incompatible con el homicidio imprudente-, con víctimas españolas, dirigido contra la embajada española en Afganistán para influir o condicionar de un modo ilícito la actuación de las autoridades españolas como parte de la comunidad internacional que se halla en aquel país y cuya expulsión violenta del mismo es objetivo primordial del grupo terrorista talibán».
EFE