La Comisión Ejecutiva del PSOE-M ha roto su silencio. Quince meses después de que el lider de IU, Alberto Garzón, remitiera un escrito al Ayuntamiento de Coslada solicitando que se privara de representación política a los miembros de la antigua federación madrileña de IU y un día después de que el alcalde socialista consumara la privación de derechos políticos a estos concejales, los socialistas madrileños han mostrado su «desacuerdo».
Según la Ejecutiva madrileña de los socialistas, el desacuerdo es con «el informe emitido por el secretario del Ayuntamiento de Coslada». Un informe que no era vinculante y que fue utilizado por la Alcaldía para castigar a los concejales de IUCM-Los Verdes.
En este sentido, la Ejecutiva del PSOE-M considera que estos ediles formaron un grupo político que se presentó a las elecciones municipales con sus propias siglas. En consecuencia, sostiene que «no se incumple la legalidad». Una afirmación que supone una acusación implícita de prevaricación al alcalde de Coslada, Ángel Viveros.
La dirección del PSOE-M viene a reconocer lo que les preocupa: el riesgo que esta decisión puede suponer para otros municipios gobernados por socialistas con el apoyo de concejales de IUCM-Los Verdes.
La dirección regional del PSOE-M entiende que el marco de colaboración con miembros de IUCM (antigua federación de IU en Madrid y que fue expulsada de este partido) da «estabilidad a gobiernos de izquierdas y permite ejecutar políticas progresistas en beneficio de la ciudadanía basadas en el fortalecimiento de los servicios públicos y la creación de empleo de calidad».
Los socialistas madrileños, para evitar la extensión del conflicto, se ha dirigido ahora a los cargos públicos de IUCM-Los Verdes para asegurarles que no existe «ningún acuerdo en ese sentido ni con Podemos ni con las distintas coaliciones asociadas a su partido que se presentaron en los distintos ayuntamientos en las pasadas elecciones municipales para lograr» la eliminación de los concejales de IUCM de los distintos Ayuntamientos.
La formación que dirige Sara Hernández, una de las Alcaldías potencialmente afectadas por el conflicto, se enfrenta a un serio dilema: o prevarica el Ayuntamiento de Coslada o prevarican los alcaldes que mantienen a estos concejales en sus grupos.
Los ediles afectados por la decisión impulsada por el alcalde Ángel Viveros, quienes pasarán ahora al grupo de no adscritos en contra de su voluntad, volvieron a denunciar este viernes el intento de disolver su grupo y mandarles al Grupo de no adscritos, y anunciaron que acudirían a los tribunales.
Elsa S. Vejo