La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha avisado hoy de que «ni el Gobierno de la Nación ni la CUP» tienen un mandato democrático para poder convocar un referéndum sobre la independencia, ya que lo que es el conjunto de españoles «lo deciden el conjunto de españoles».
Sáenz de Santamaría ha participado en Barcelona en la reunión de la Ponencia de Economía y Administración Territorial de cara al Congreso del PP, a la que también han asistido dirigentes como el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, el líder del PPC, Xavier García Albiol, y ministros como Dolors Montserrat o Álvaro Nadal.
En su intervención abierta a los medios, Sáenz de Santamaría ha querido dejar claro que el Gobierno de España también es «Gobierno en Cataluña y de los catalanes», por lo que es «su representante e interlocutor directo e inmediato y vamos a estar aquí».
«El Gobierno lo es de Cataluña, va a estar aquí y hablará con las instituciones catalanas y el conjunto de catalanes. Y procuraremos solucionar sus problemas», ha señalado la vicepresidenta.
Entre esos problemas, ha relatado, están los «45 puntos» que el presidente catalán, Carles Puigdemont, planteó a Mariano Rajoy en su última reunión en La Moncloa, si bien ha dicho que «el punto 46 -en alusión al referéndum sobre la independencia- no forma parte» de su mandato democrático.
Sáenz de Santamaría ha ido más allá y ha afirmado que, además de los 45 puntos sobre los que sí está dispuesto a dialogar el Ejecutivo, hay muchos «otros problemas» y necesidades de los catalanes que no aparecían en aquella lista de la Generalitat.
«Nos han dado 45 puntos, pero la gente, cuando vengo aquí, nos dice cosas que importan y que no nos ha dado la Generalitat (en esa lista)», ha explicado, como por ejemplo cuestiones que afectan a universidades, I+D+I, centros tecnológicos y cultura, «cosas que la gente nos pone de manifiesto y nosotros podemos ayudar».
Porque el Gobierno y el PP saben «escuchar y acordar»: «Y lo haremos, en el bien entendido de que esa es nuestra obligación y mandato democrático -ha apuntado-. Sabiendo escuchar y ponerse en lugar del otro, pero también sabiendo que el escenario que nos marca el terreno de juego es el espacio constitucional, las leyes y el respeto a los valores esenciales de la convivencia».
Y es que España, ha advertido, es un Estado en el que «democracia y derecho son cara y cruz de la misma moneda, de la moneda de la convivencia».
Un día después de que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, declarara ante Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), hecho al que la vicepresidenta no se ha referido en ningún momento, Sáenz de Santamaría sí ha recordado que «la ley es la expresión soberana de la voluntad del pueblo» y está hecha para «protegerlo de los malos gobernantes».
«La ley es exigir respeto a las reglas de la democracia, para que nadie pueda pensar que su palabra y voluntad está por encima de cualquier otro español. La ley iguala a todos», ha aseverado la dirigente popular, que ha calificado al PP como el partido de la «estabilidad».
Como ejemplo, se ha referido a la aprobación esta semana del objetivo de estabilidad presupuestaria y deuda pública o, la próxima semana, de los mecanismos de financiación para pagar a proveedores.
En este sentido, ha recordado que las instituciones catalanas han recibido desde 2012 hasta 60.000 millones de euros para pagar a proveedores y servicios públicos, un 60 % de ellos para sanidad; y ha afirmado que Cataluña «se ha ahorrado 16.000 millones en pago de intereses para poder invertirlo en necesidades primeras de los catalanes. Eso es el Estado de las autonomías», ha sentenciado.
Redacción