Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, del que depende Melilla, han informado a Efe de que no existe una resolución judicial que impida al consejero entrar en el domicilio conyugal, en el que residen la mujer y el hijo de ambos.
El abogado de la esposa de González, quien el pasado octubre denunció al consejero por supuesta violencia machista, comunicó el pasado 31 de diciembre al juzgado que el denunciado acudió a la vivienda con un cerrajero para forzar la cerradura con una máquina cortadora cuando la mujer estaba fuera de la ciudad.
Estas fuentes han indicado que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Melilla, que lleva este tipo de casos, no ha dictado resolución alguna que otorgue la vivienda a uno u otro de los cónyuges.
Asimismo, tampoco existe orden de alejamiento que le obligue a respetar una distancia con su esposa, por lo que en el juzgado no se aprecia irregularidad en la actuación del denunciado.
Por su parte, el abogado de la mujer, Antonio Zapata, ha declarado a Efe que comunicó este hecho «chocante» para que sea la jueza la que lo califique dentro «del proceso penal por maltrato habitual» derivado de la denuncia.
Zapata ha apuntado que al margen de si en el juzgado se considera o no delictiva, la manera de entrar en la casa «demuestra la forma de actuar y la personalidad» del denunciado.
«No voy a dimitir», ha subrayado al respecto el consejero, en una rueda de prensa acompañado por miembros del Gobierno de la ciudad, del Partido Popular.
González ha afirmado que no se imaginaba «el revuelo que se ha montado», tras difundirse en redes sociales imágenes grabadas desde un edificio cercano cuando accedía a la vivienda.
Al respecto, ha insistido en que no ha cometido ningún hecho delictivo aunque la oposición «trata de hacer daño inventando posibles delitos» para perjudicarle a él y al resto de su Gobierno.
«Confío en que todo salga bien», ha concluido González, quien ha comentado que intenta iniciar con su esposa un proceso de separación de mutuo acuerdo.
Por su parte, Mustafa Aberchan, líder de Coalición por Melilla, principal partido en la oposición, ha defendido que «cesar a un consejero o suspenderlo cautelarmente no significa condenarlo, sino predicar y practicar las buenas formas».
El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Melilla, Eduardo de Castro, ha argumentado que «no se trata de un juicio paralelo» al proceso judicial, «sino de pedir responsabilidad política».
El PSOE ha señalado «sin cuestionar la presunción de inocencia de nadie, un representante del Gobierno debe ser ejemplar».
El presidente de la ciudad, el popular Juan José Imbroda, confirmó en su cargo al consejero cuando se conoció la denuncia en octubre, al no haber decretado medidas contra el denunciado ni la Policía ni la jueza.