El pasado 29 de diciembre del año 2016, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social remitió un informe a todos los sindicatos en relación con la asignación de coeficientes reductores de la edad de jubilación de los miembros de los policías locales. En dicho documento, la cartera de Empleo instaba a las centrales a presentar cualquier tipo de observación al texto redactado en un plazo máximo de 15 días. El tiempo ya se ha agotado, y ahora es el gobierno central el que debe estudiar las propuestas de las centrales antes de redactar el texto definitivo que regule el retiro anticipado de los agentes municipales y que pretende estar listo para el próximo mes de Junio.
La reivindicación de la jubilación anticipada en los cuerpos locales es histórica. Tras muchos años de negociaciones, parece que al final verá la luz contra todo pronóstico. Esto ha sido gracias al entendimiento final que ha existido entre la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Aunque esta buena sintonía estuvo cerca de romperse el pasado 29 de noviembre cuando Abel Caballero, presidente de la Federación, criticó la falta de involucración en el asunto en cuestión de Fátima Báñez, ministra de la cartera de Empleo.
«Nos vamos a reunir con secretarios de Estado y subsecretarios del Ministerio de Trabajo para tratar esta cuestión, pero estamos perplejos porque no vemos que la ministra se involucre en esta cuestión», fueron las palabras de Caballero hacia la Ministra.
En un principio, la medida permitirá a los cerca de 70.000 policías locales y autonómicos, 18.000 Mossos y a los 1.800 forales que ejercen en España adelantar su edad de jubilación a los 59 años, sin perder poder adquisitivo para equipararse a colectivos similares, como la Ertzaina o los Bomberos. De todos modos, hay que tener en cuenta que no todos los agentes municipales se podrán acoger a esta medida porque deben de cumplir una serie de requisitos entre los que se encuentra haber trabajado de forma interrumpida en el Cuerpo Local. Es decir, toda labor ajena realizada y por la que haya cotizada el interesado no contará para su jubilación anticipada.
El objetivo de la FEMP es renovar la “plantilla envejecida” de las fuerzas de seguridad local, sin que esto afecte al poder adquisitivo. Actualmente, En España existen cerca de 70.000 policías locales, de los cuales 3.200 tienen más de 60 años y 4.000 tienen entre 55 y 60 años. Tanto el Ministerio como la FEMP acordaron en las negociaciones que el tipo de cotización de la policía local será del 10%, por encima de la cotización actual. El 8,6% del porcentaje total será asumido por los consistorios, mientras que el restante, un 1,4%, tendrá que ser costeado por los propios agentes municipales. De momento, Hacienda no se ha pronunciado, pero Caballero ya anunció que solicitará que a la Agencia Tributaria que estas cantidades no computen en el techo del gasto.
Desde CCOO celebran el acuerdo alcanzado entre el Ministerio y FEMP, pero advierten de que el texto es susceptible de modificaciones. “El análisis y propuestas de mejora del texto remitido por el Gobierno, es imprescindible para fortalecer e impulsar el trabajo y establecer las líneas más beneficiosas para los colectivos afectados, que lleve a la finalidad que nos proponemos: acceder a la jubilación anticipada como el reconocimiento de un derecho laboral para las policías locales y autonómicas”, afirma Manuela Oliva, responsable federal de Seguridad Pública de FSC-CCOO.
Junio, mes clave
La aplicación definitiva de la medida que permitirá a los policías locales jubilarse a los 59 años pretende estar lista para el mes de junio, que es cuando se prevé que el Gobierno Central publique el Real Decreto que regule esta situación. Es decir, dentro de seis meses los ayuntamientos de toda España perderán cerca de 70.000 efectivos. Este éxodo masivo puede suponer un gran problema para muchos consistorios que miran con preocupación la medida acordada el pasado mes de diciembre de 2016. De hecho, muchos alcaldes podrían ver mermada la seguridad de sus localidades si todos sus agentes mayores de 59 años deciden acogerse a la nueva ley.
Este es el caso de Madrid o de Córdoba. En la capital, por ejemplo, existen más de 1.500 policías municipales que podrían prejubilarse antes de tiempo y dejar mermada así una plantilla que actualmente cuenta con apenas 6.500 efectivos. “El Gobierno debe aumentar la tasa de reposición por jubilación que en la actualidad se sitúa en un 50% (según fuentes sindicales). Después, han de informar a los Ayuntamientos para que puedan sacar a concurso con tiempo las plazas necesarias para suplir las bajas. Y por último, la Comunidad de Madrid debería de volver a abrir la Academia Regional de Policía Local», afirma José Francisco Horcajo, responsable del colectivo de Policía Municipal en CSIT.
En Córdoba, una plantilla corta y con elevada edad media pueden generar los mismos problemas que en Madrid. Según datos de CCOO, la Policía Local de la provincia andaluza cuenta con un total de 1.200 efectivos, pero 200 de ellos tienen entre 55 y 60 años. Estas cifras suponen que más del 18% de los trabajadores se hallan por encima de los 55 años. O lo que es lo mismo casi un cuarto de la plantilla se encontrará a las puertas de dejar su quehacer profesional en cuanto el adelanto de la jubilación entre en vigor.
La gran pregunta es si todos los ayuntamientos de España están preparados para la gran cantidad de bajas que van a sufrir en sus plantillas de policías locales una vez que entre en vigor la jubilación anticipada.
Carlos Lospitao