Iberdrola y Endesa van a conseguir el mejor negocio de la temporada, que no es solo la subida de las tarifas, sino reabrir una central nuclear de más de medio siglo, totalmente amortizada. Un beneficio que se extiende, de rebote, a las eléctricas que tienen nucleares en el límite de su vida activa prevista. El paso al frente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que en estos momentos estudia la posible reapertura de Garoña (Burgos), que entró en servicio en 1971, ha hecho saltar las alarmas a los antinucleares. Los expertos ecologistas sostienen que Garoña simboliza la intención del Gobierno del Partido Popular de alargar la vida del conjunto de centrales de nuestro país hasta los sesenta años y favorecer el enriquecimiento de las compañías eléctricas que las gestionan. La planta, propiedad de Nuclenor, compañía participada por Iberdrola y Endesa, es, según los ecologistas, la gallina de los huevos de oro del plan energético que pretende llevar a cabo el Ejecutivo ‘popular’.
“Lo que más interesa sin duda alguna es generar un precedente para que las demás centrales nucleares que están todavía en funcionamiento, como Almaraz o Ascó, puedan también renovar sus permisos de explotación. De esta manera se materializará sin haber hecho una ley al respecto. Con esto lo que logran es tener de facto el camino para que las centrales puedan funcionar hasta que tengan 60 años sin que ningún Gobierno se lo pueda impedir”, explica a este diario Carlos Bravo, miembro de la consultora Salvia-Energía, Derecho y Medio Ambiente.
Debate en el Consejo de Seguridad Nuclear
En estos momentos y durante las próximas semanas el CSN, organismo encargado del control y de las autorizaciones de las centrales nucleares, estudiará el informe sobre la renovación de la licencia de explotación de la central de Garoña. Aunque todo a punta a que el organismo dará luz verde a la reapertura de la planta será el Ministerio de Energía el que selle la autorización definitiva. “En lugar de haberlo hecho a través de una proposición de ley, lo que ha hecho el Gobierno es utilizar de forma torticera y de forma interesada al propio CSN para abrir y dejar al camino libre para que las centrales españolas alarguen su vida útil hasta los sesenta años”, apunta Bravo.
Es más, los propietarios ni siquiera se han mostrado partidarios de poner de nuevo en marcha la central. “El presidente de Iberdrola manifestó su nulo interés en reabrir la planta por el riesgo económico que entraña, porque es posible que la central no se ponga en marcha y de esta forma el Gobierno del PP y el propio CSN quedarían en evidencia por haber retorcido los reglamentos para reabrir la central en la que sus propietarios no están interesados”, recuerda Ecologistas en Acción (EA).
Ecologistas en Acción defiende la misma tesis y señala el beneficio directo que la reapertura de Garoña supone para las compañías propietarias del resto plantas, ya amortizadas y con su vida útil a punto de caducar. La organización asegura que en el actual mercado eléctrico español las centrales nucleares suponen un “enorme negocio” para sus explotadores. “Cobran el kWh tres y cuatro veces más de lo que les cuesta producirlo, obteniendo unos beneficios de miles de millones de euros anuales”, afirma la organización. Ademas, EA también señala que en las últimas semanas el precio se ha disparado: “Por si esto fuera poco, en los últimos días las centrales están cobrando el kWh hasta ocho veces más de lo que les cuesta producirlo. No son beneficios caídos del cielo, sino que proceden de los bolsillos de las consumidores”.
Bravo también cree que las únicas beneficiarias de la reapertura de Garoña debido al sistema de marginalización de precios son las compañías eléctricas. “El precio de la electricidad lo marca la última central que está en funcionamiento. Como las compañías eléctricas tienen amortizadas las centrales nucleares saben que lo pueden hacer. Esto para las centrales nucleares y para las grandes centrales hidroeléctricas están también amortizadas y eso supone recibir una sobre remuneración brutal, para ellas es un negocio estupendo”, sostiene el experto.
Problemas de seguridad en la planta
Por otro lado, los ecologistas denuncian los problemas de seguridad que presenta la central, como por ejemplo deficiencias en el agrietamiento de la vasija del reactor o el alto riesgo de inundación en caso de rotura de las presas cercanas. De hecho, explican, que las inversiones para poner en marcha la planta podrían superar los 150 millones de euros. “Es una central de diseño antiguo tipo BWR, agua en ebullición, con un largo historial de incidentes graves para la seguridad, entre los que destaca la corrosión de elementos clave del circuito primario como el barrilete o las penetraciones de las barras de control, que son los verdaderos frenos de la central. Esta en unas condiciones deplorables”, critica la organización ecologista que cree que el Gobierno de Mariano Rajoy ha convertido Garoña en una “cuestión política”. “Cuando envejecen los materiales se resienten las vasijas y sufren el debilitamiento en su estructura. Estamos ante una situación de cada vez más riesgo de que se pueda producir un accidente grave. Es el hermano gemelo de Fukushima”, añade Bravo.
Marina García-Rico