El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha decidido hoy asumir el caso Auditorio de presunta corrupción urbanística e investigar al presidente autonómico, Pedro Antonio Sánchez, que era alcalde de Puerto Lumbreras cuando se construyó ese edificio.
La Sala de lo Civil y Penal del TSJ se ha declarado competente para investigar los hechos, dada la condición de aforado de Sánchez, tras estudiar la exposición motivada elevada por el juzgado instructor de Lorca, que considera que Sánchez pudo incurrir en los delitos de prevaricación, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos.
La Sala de lo Civil y Penal del TSJRM se ha declarado competente para investigar los hechos, dada la condición de aforado de Sánchez, tras estudiar la exposición motivada elevada por el juzgado instructor de Lorca.
En un auto notificado hoy indica que enjuiciará la causa por los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos con respecto a Sánchez.
La resolución designa al magistrado Julián Pérez-Templado instructor del procedimiento sobre el proyecto, adjudicación, ejecución y recepción de las obras del auditorio.
La sala también ha asumido la competencia para investigar a la veintena de personas investigadas por los mismos hechos por el juzgado de instrucción número 1 de Lorca, entre ellas, los concejales que votaron a favor del concurso y la adjudicación de las obras, funcionarios y el arquitecto redactor del proyecto, Martín Lejarraga.
El TSJRM también ha ordenado hoy al juzgado lorquino que si aparecen datos relacionados con la causa durante la instrucción de la pieza separada que abrió para conocer el destino de una subvención al ayuntamiento lumbrerense de seis millones de euros del Gobierno autonómico para la construcción de ese auditorio, se los haga saber para una investigación conjunta.
El auto de incoación de diligencias previas, que ya ha sido notificado a las partes, no es firme y cabe contra él recurso de súplica.
EFE