La defensa del expresidente catalán Artur Mas en la causa del 9N ha alegado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que se ha vulnerado su derecho de defensa al no haberse aceptado como prueba el informe de los fiscales reticentes a acusarle de desobediencia.
En el trámite de cuestiones previas del juicio del 9N, que se ha iniciado hacia las 9.30 de esta mañana en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), las defensas de Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau han argumentado que la denegación de esa prueba supone una vulneración del derecho de defensa y a un proceso a todas las garantías.
El informe a que se han referido hoy las defensas es el escrito que la junta de fiscales de la Fiscalía Superior de Cataluña redactó en 2014 para oponerse a la presentación de una querella por desobediencia contra el gobierno catalán, que finalmente fue impuesta por la Fiscalía General del Estado.
La propia Fiscalía se opuso durante la instrucción de la causa a que se aceptara como prueba ese informe interno, que finalmente el TSJC acabó descartando incorporar a la causa.
La defensa también ha alegado indefensión por la no aceptación de los testimonios del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Retraso
El expresidente catalán Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau han llegado a las 9.25, con casi media hora de retraso, a las puertas de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), acompañados de Carles Puigdemont y su Govern, para iniciar el juicio por el 9N de 2014.
Sobre las 8.20 horas, los tres acusados han salido del Palau de la Generalitat, arropados por el Govern en pleno y cargos electos de las fuerzas soberanistas, para dirigirse lentamente y a pie hasta el Palacio de Justicia de Barcelona, en cuyos alrededores les esperaban miles de personas para expresarles su apoyo con gritos de ánimo como «Ni un paso atrás», «No estáis solos» o «Independencia».
Mas, Ortega y Rigau encabezaban la comitiva, al lado de Puigdemont, el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, seguidos de cargos de Junts pel Sí, la CUP y los 'comunes' y apoyados a lo largo del trayecto por personas que han acudido a mostrar su rechazo al juicio por la consulta del 9N, que hacían ondear banderas 'estelades' y cantaban «L'estaca» de Lluís Llach o «Els Segadors».
A la altura del Fossar de les Moreres, en el barrio del Born de Barcelona, la comitiva se ha detenido para cantar el himno catalán, acompañados por miembros de La Coronela, agrupación que recrea una histórica milicia encargada de la defensa de la ciudad de Barcelona en 1714 frente a las tropas borbónicas.
Sobre las 9.05, la cabecera de la marcha ha pasado por debajo del Arco de Triunfo, en el Paseo de Lluís Companys, decorado con un gran cartel con el lema «Love democracy» (Ama la democracia) colgado por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y la Asociación Catalana de Municipios, entidades convocantes de la movilización soberanista.
Este último tramo hasta las escalinatas del Palacio de Justicia, en el mismo Paseo de Lluís Companys, lo han recorrido lentamente, entre los vítores y los gritos de «Independencia» de los miles de congregados que han respondido a la convocatoria de las entidades soberanistas, muchos de los cuales exhibían 'estelades' y carteles con lemas como «Las urnas no se juzgan» o «Votar es democracia».
Antes de entrar en la sede del TSJC, Mas, Ortega y Rigau han subido a una tarima para saludar a los asistentes a la concentración y expresarles su agradecimiento, aunque no han tomado la palabra.
Los tres encausados, que estaban citados a las 9.00 horas, han llegado pues con cerca de media hora de retraso al TSJC, donde entre hoy y el viernes serán juzgados por los delitos de desobediencia grave y prevaricación al mantener la consulta del 9N pese a que el Tribunal Constitucional la había suspendido cinco días antes.
La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para Mas -y nueve para Ortega y Rigau-, una pena que la acusación popular ejercida por los sindicatos policiales SPP y UFP y Manos Limpias pide elevar a 12 años y que, en ambos casos, impediría a los procesados ejercer cualquier cargo público durante el tiempo de condena.
EFE