La justicia lleva, por primera vez, la responsabilidad de la mayor crisis financiera de la historia de España a los reguladores. La muralla que el juez Andreu y el fiscal habían establecido para proteger al supuesto nivel técnico ha sido derribada por “múltiples indicios de criminalidad”.
La sala tercera de la Audiencia Nacional enmienda la plana al juez Fernando Andreu, que instruye el ‘caso Bankia’ y exige que se cite a declarar como “investigados” (imputados) a los responsables del Banco de España (BdE) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), responsables de la supervisión de Bankia en su constitución y salida a Bolsa.
El exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, y el expresidente de la CNMV, Julio Segura, son imputados. También se pide que se cite en la misma condición al que fuera subgobernador del Banco de España y ex responsable de la comisión reguladora, Fernando Restoy.
También son investigados (imputados) otros responsables del Banco de España como Mariano Herrera, Pedro Comín y Pedro González, Jerónimo Martínez Tello y Javier Arístegui, la cúpula que ejercía con Fernández Ordoñez y que han renunciado a sus cargos en el Banco.
Se van del banco, en consecuencia, el director general y el director general adjunto de supervisión así como el director del departamento de inspección IV, junto a otros dos altos cargos. Todo un descabezamiento en el regulador bancario.
MAFO, el gran regulador.
MAFO era Miguel Ángel Fernández Ordoñez hasta que un diario le salvara para la posteridad de nombre tan vulgar y le bautizara con sigla, constituyendo una auténtica marca.
Mantuvo siempre una apreciada máxima de la que nos hizo partícipe allí por 2012, un poco antes de abandonar su cargo: “Al dinero no le gusta el ruido”. No era solo el ruido sino la trasparencia. Bajo los ojos del regulador pasaban infinitas sugerencias de problemas, entre ellas las emitidas por los inspectores del Banco de España o de analistas europeos, que siguiendo la máxima fueron silenciadas.
Por aquellas fechas, en 2012, el que había alardeado poco antes de ser – junto a Zapatero– el gran regulador universal ya reconocía que a los bancos podría pasarles cualquier cosa. Meses antes presumía de dirigir el sector mejor regulado de la Unión Europea.
Mientras guardaba silencio, MAFO no dejó de emitir juicios universales, aún lo hace, sobre la necesidad de recortes, bajadas salariales y demás recomendaciones de la letal austeridad que nos ha mantenido en niveles de crisis, y probablemente todavía nos mantiene.
En su libro Economistas, políticos y otros animales insiste en el carácter razonable de la gestión de crisis que encabezó junto a Zapatero.
De razonable nada vino a decir el Fondo Monetario Internacional en junio de 2012, señalando: «la estrategia del Banco de España de ralentizar la toma de medidas correctivas permitió que bancos débiles siguieran operando». «Las debilidades fueron identificadas desde el primer momento, señala el FMI refiriéndose a las inspecciones, y se recomendó la toma de decisiones, incluida la necesidad de provisiones adicionales, pero la ejecución fue gradual».
Los informes de Oliver Wyman de 2012, avalados por la Comisión Europea, cuantificaron en 62.000 millones el agujero sin cubrir, a pesar de lo “razonable” que el asunto le parecía a MAFO.
Ordóñez, en el libro citado, responsabiliza del rescate bancario al “sectarismo” y “falta de conocimiento” de De Guindos. No cabe duda que la nacionalización de Bankia y la caída de Rodrigo Rato alarmó a media humanidad, en días de turbulencias financieras. Pero el problema venía de lejos: Durao Barroso dijo en 2014 que, antes de 2012, “cuando Bruselas preguntaba por las Cajas de Ahorro la respuesta era que todo era perfecto”. Sin embargo, el exgobernador no asume responsabilidad alguna : “tuve que trabajar con material obsoleto”.
Este silencio irresponsable es en el que ha insistido la llamada Confederación Intersindical de Crédito, y su abogado Andrés Herzog, exUPyD, para insistir en su imputación.
El camino judicial de la imputación
En Diciembre de 2014, un informe de dos peritos del Banco de España señalo que Bankia maquilló sus datos de salida a bolsa. Sus cuentas no reflejaban “la imagen fiel de estas entidades”. El juez Andreu acuso a la auditora Deloitte
En Octubre de 2016, se hacen públicos correos del inspector José Antonio Casaus (dirigidos al citado Pedro Comín) que plantea la inviabilidad de Bankia. En relación con la salida a Bolsa de Bankia, Casaus aseguró que era «el primer paso para nacionalizar las pérdidas».
Dos años después, en Diciembre de 2016, la Audiencia Nacional tumba el primer intento de la acusación popular de imputar a los antiguos responsables del Banco de España.
Ahora, la Audiencia percibe indicios “múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad respecto de los responsables del Banco de España y la CNMV en cuanto garantes e indicativos de la corresponsabilidad de ambos en los hechos investigados”.
Miguel de la Balsa