Nuevo frente abierto entre la Guardia Civil y el Gobierno de Mariano Rajoy. Desde hace algunas semanas, el Instituto Armado reclama al Ejecutivo un aumento en sus salarios para equipararse a los emolumentos que ganan sus compañeros de la Policía Nacional. De momento, esta petición ha sido aplazada “hasta que mejore la situación económica», según palabras textuales del propio Rajoy, aunque el Congreso de los Diputados ya ha instado al Ejecutivo a revisar la precaria situación del Instituto Armado. Ahora, los esfuerzos de la Guardia Civil se centran en conseguir una cita con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, para trasladarle la problemática que genera la condena en costas judiciales a la parte que es vencida en el pleito.
En concreto, las dos asociaciones que han solicitado audiencia son ASESGC (La Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil) y la UO (Unión de Oficiales Guardia Civil). Según estos dos organismos, un agente del Instituto Armado no posee las garantías necesarias para presentarse ante un tribunal a defender sus derechos por el alto gasto de las costas y la diferencia económica que existe de pagarlas dependiendo en que comunidad autónoma te encuentres.
El problema comenzó en el año 2010. Hasta entonces, la Justicia sólo condenaba al pago de las costas de un juicio si se apreciaba manifiesta mala fe o temeridad en el ejercicio de la acción judicial. Pero al reforma judicial trajo consigo una modificación de esta manera de proceder. En la actualidad, toda persona que pierde un juicio está condenada a pagar las costas del mismo, salvo en casos excepcionales y previamente justificados.
Las asociaciones de la Guardia Civil no sólo se quejan de la obligación que tienen de pagar en caso de no salir vencedor, sino que también denuncian que la cuantía que han de abonar es muy dispar dependiendo de en que punto de la geografía nacional se encuentre en ese momento el agente en cuestión. En este sentido, afirman que existen tribunales donde las costas se limitan a los 400 euros y otros donde no existe ni siquiera un máximo. Este último caso, implica que el abogado del Estado, pese a ser un funcionario más de la Administración, minuta las costas conforme a los criterios del Colegio de Abogados, llegando a minutar cantidades que van desde los 2.100 euros, según denuncian ASESGC y UO.
Esta situación afecta a todos los funcionarios del Estado, pero en el caso de los guardias civiles el problema se agrava por tener este cuerpo de seguridad mecanismos menos flexibles para arreglar sus problemas al estar encuadrados en un régimen más estricto que el resto de empleados públicos. Esta limitación para solventar sus problemas ha significado un aumento sustancial en las visitas de los agentes del Instituto Armado a los tribunales para defender cualquier posible vulneración de sus derechos.
La vía judicial, un imposible para los agentes
Al problema de las costas y de su cuantía dependiendo de donde se halle el agente hay que sumar otro más: el sueldo del guardia civil por el que tanto revuelvo mediático se ha creado durante las últimas semanas. De media, un agente del Instituto Armado cobra de media 1.400 euros al mes por lo que enfrentarse a costas tan elevados como las antes citadas se presenta como un imposible para muchos de ellos. Esto se traduce en el abandono de su defensa una vez agotada la vía administrativa. “Estamos en una situación de indefensión porque tenemos unos derechos muy limitados”, denuncian desde las dos asociaciones.
Al final, esta situación revierte en opinión de estas asociaciones, en una coacción a todos los agentes de la Guardia Civil que deben de elegir en muchas ocasiones entre su sueldo o defender sus derechos ante la Justicia con el riesgo de perder el juicio y pagar las costas del mismo. Por ese motivo los presidentes de UO y ASESGC han solicitado audiencia al Ministro del Interior, con el fin de trasladarle el problema, sensibilizar de la situación e intentar buscar vías de solución para que un guardia civil, como cualquier ciudadano, pueda acudir a los tribunales a defender los que considera sus derechos.
De todos modos, no todo son malas noticias para la Guardia Civil. De hecho, en el Congreso de los Diputados ya se ha dado el primer paso para arreglar la precariedad salarial que sufren los agentes del Instituto Armado. Esto ha sido gracias a una moción presentada por Ciudadanos en el Pleno celebrado el pasado 14 de febrero, en las Cortes.
La moción, aprobada con 327 votos a favor y 13 abstenciones, “insta al ministro de Interior a promover un Acuerdo Marco que mejore las retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, adecuando los complementos específicos singulares a los puestos de trabajo que vienen desempeñando, eliminando las desigualdades retributivas, y avanzando en la promoción de condiciones de trabajo y de conciliación laboral basadas en la equidad y la igualdad”.
Carlos Lospitao