El informe de la defensora del pueblo Soledad Becerril incluye un alegato en favor de las cabinas telefónicas. Recuerda al Gobierno que hay ciudadanos y ciudadanas que no acceden a la telefonía móvil y que la legislación dispone que las cabinas son un servicio público.
La Defensora del Pueblo contradice el informe elaborado en Marzo de 2016 por el regulador telefónico, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que había recomendado al Gobierno el cierre de este tipo de servicio.
No obstante, el Gobierno no podría cerrar este servicio sin una reforma legal. El real Decreto 726 del año 2011 recoge esta obligación.
Dieciocho mil cabinas sobreviven, en no muy buen estado de mantenimiento dicho sea. Del mantenimiento se sigue ocupando Telefónica, ya que ninguna compañía licitó el pasado año para quedarse con un servicio que se considera en decadencia.
Que el servicio no resulte rentable es un criterio que no comparte la Defensora del Pueblo que lo considera un servicio público, especialmente en zonas rurales o con escasa cobertura.
Desde 2014 Telefónica viene retirando cabinas en todo el territorio español.
La consecuencia de la paulatina pérdida de utilización ha sido un incremento del coste de este componente del servicio universal de cabinas que supera, según el regulador 1,2 millones de euros.
M.B.