El juez decano de Getafe y encargado del caso, Francisco Javier Achaerandio, investiga el presunto amaño de contratos que se llevaron a cabo para construir un teatro en dicha localidad. Un teatro que finalmente no fue construido porque se descubrió que el empresario, Julián Vegas, estaba detrás de las 3 empresas que se presentaban a la adjudicación del proyecto. Durante esta época, Juan Soler presidia la alcaldía de Getafe.
La querella por la que ha sido acusado Soler, ha sido presentada por Roberto Benítez, con vinculación con los socialistas de Getafe. al haber ejercido de asesor de su grupo municipal.
Ante esto, la defensa de Juan Soler ha presentado un recurso de 38 páginas en las cuales se denuncia que el juez “a sabiendas de su incompetencia, ha practicado una serie de diligencias en relación con un aforado”. Además también afirma que, “el juez tenia pleno conocimiento de la condición de aforado” de Soler. Debido a este hecho la investigación tendría que estar en manos del Tribunal Supremo, afirma el recurso.
En el recurso también se denuncia “la relación y los vínculos” del Juez Acharandio con el PSOE. Algunos ejemplos que se señalan son que en noviembre de 2012, “el antiguo alcalde socialista de Getafe, Pedro Castro, le entregó al Juez Instructor de este procedimiento el premio “A toda una trayectoria”, que además concedía el periódico local “Getafe Capital”, que contaba en el momento con un editor en este medio de comunicación que también fue ex alcalde socialista de Getafe, Jesús Prieto.
Otra supuesta vinculación al PSOE que añade la defensa de Soler, es que la anterior denuncia por la investigación del “caso Teatro” en el pasado, también fue abierta por un portavoz del grupo socialista que era concejal del ayuntamiento de Getafe, José Manuel Vázquez Sacristán.
Además, la defensa de Juan Soler alega que “parte de las personas que han sido investigadas no tienen su residencia en la localidad de Getafe, sino en Madrid, y el juez instructor, dio instrucciones a la policía actuante para que a pesar de no ser el competente, los detenidos no pasaran a disposición judicial de los tribunales de Madrid ciudad, sino que fueron conducidos a las dependencias de su Juzgado, a pesar de no haber sido detenidos en su término judicial».
Se destaca finalmente, que el juez Achaerandio ha llevado además diligencias judiciales “sin la presencia, ni el conocimiento de los abogados defensores de los investigados, así como otras resoluciones judiciales sin respetar los derechos de los investigados”.
Isabel Jaén Sánchez