La escasa celeridad de una agenda judicial que, en algunos casos, lleva una década de retraso, vuelve a hacer crecer, según el CIS, la preocupación ciudadana por la corrupción. Ni los datos ni los comportamientos de las formaciones políticas tranquilizan a la ciudadanía.
Catarata de información
Llegó Millet y pronunció las palabras mágicas: Convergencia, Ferrovial, tres por ciento. El juez de la Púnica tiene su propio abracadabra: hospitales, privatización, Esperanza Aguirre. Y todo vuelve a empezar.
Las fuerzas políticas catalanas, con la excepción de los herederos, le dicen a Mas que deberá comparecer; el frente soberanista amenaza hacerse añicos y el procés queda triturado por comisiones por obra pública, que ya no sabemos si es de tres o cuatro por ciento.
Los Congresos del PP, regeneraciones y renovaciones efectuadas o en curso, no consiguen alejar la sombra de la duda. Ahora es la privatización de Hospitales, y la potencial mordida en su concesión, la que trae de nuevo sombras a la financiación del partido en Madrid y, por extensión, a nivel estatal.
No importa el tiempo. El caso Palau esta mostrando la cara más indecorosa del comportamiento catalán, la incorporación de empresas que presumen de ética global a comportamientos venales. Las dudas sobre el PP de Madrid, acompañaron a Esperanza Aguirre desde el primer momento de su dimisión.
La lenta agenda judicial, a veces especialmente lenta, la ruptura en piezas de los procedimientos, la prolongación de los procesos mantiene, en términos sociales, la misma manta de duda sobre el sistema político que venimos arrastrando desde hace una década.
Inestabilidad e Investigación
Las fuerzas políticas lejos de racionalizar el examen de los datos y ordenar la conveniente puesta en común de los datos y un ejercicio de transparencia mantienen la gestión de la agenda judicial como centro del relato político.
En el Congreso se propone investigar al Partido Popular, este trata de proponer que la lupa afecte a todos los partidos, destrozando cualquier posibilidad de encuentro o de pacificación del debate partidario, en vísperas de cerrar un presupuesto para este año que perece bastante lejos de lograrse.
No solo los juzgados van a desgranar sentencias que afectan diariamente a los antiguos gestores de las cajas de ahorros, sino que el propio Congreso y el Banco de España se aprestan a investigar la crisis financiera y su gestión, motivo, igualmente, de conflicto político sobre el pasado.
Un procedimiento administrativo, hasta las acusaciones reconocen que no hay dinero por medio, ha dado con el presidente de Murcia en una imputación. No solo la Comunidad se dispone, con seguridad a nuevas elecciones o un periodo inestable, sino que la cuestión murciana ha puesto patas arriba la estabilidad del Gobierno estatal
El baile de Ciudadanos, PP y PSOE
El PSOE auspicia la judicialización política en Murcia: son más de doscientos cincuenta denuncias, casi todas archivadas. Sin embargo, ha puesto reparos a afrontar la moción de censura en el periodo de vacilación que ha afectado y afecta a Ciudadanos.
La formación de Rivera, que ha recuperado el protagonismo mediático y político perdido, a costa de la situación murciana, no ha definido claramente su posición en Murcia pero ha llevado su presión al Congreso.
El PP ha registrado sendas Comisiones de investigación sobre todos los partidos en las dos Cámaras, en respuesta a la pactada para Investigar al PP entre Ciudadanos, Podemos y PSOE. Hernando acusa a Rivera de “falta de lealtad”; Rivera responde con reproches previos a los acuerdos de investidura y el PSOE navega de un sitio a otro del debate político, mostrándose dispuesto un día a Mociones de Censura en Murcia y al otro rechazándolas.
Sin debate de futuro
La política española no ha encontrado un marco de estabilidad que permita la trasparencia sobre el pasado sin que afecte al presente. La ausencia de presupuesto y la inestabilidad de acuerdos parlamentarios estables son imposibles a plaza medio. El ruido de la corrupción y la ausencia de puentes parlamentarios entre PP y el resto de las fuerzas políticas debilitan las posibilidades de aprobar un presupuesto y acercan la precipitación del final de la legislatura.