Jordi Montull, quien fuera director administrativo del Palau de la Música, ha declarado que las comisiones que CDC cobraba de la constructora Ferrovial, a través de la institución cultural, eran inicialmente del 3%, pero se elevaron al 4% porque el partido «quería más dinero».
Sin embargo, en la cuarta sesión del juicio del caso Palau, el extesorero de CDC Daniel Osàcar ha desmentido tajantemente estas acusaciones de financiación ilegal lanzadas tanto por Montull, su hija Gemma (ex directora financiera), y el expresidente de la entidad cultural Fèlix Millet.
Osàcar ha alegado que los convenios entre la entidad y la fundación Trias Fargas (afín a Convergencia), eran legales y buscaban fomentar la cultura catalana, entre otros motivos para que en las fiestas mayores «no pusieran solo música andaluza».
La Fiscalía pide penas de 27 años de cárcel para Fèlix Millet y Jordi Montull y de 26 para Gemma Montull, así como siete años y medio para Osàcar.
Las revelaciones de los interrogatorios de Millet y los Montull han llevado hoy a todos los partidos del Parlament, excepto a JxS, a exigir la comparecencia en la cámara del expresidente de la Generalitat y de CDC Artur Mas, que todavía no se ha pronunciado públicamente.
Montull ha mantenido hoy el relato incriminatorio sobre CDC y ha desvelado que las comisiones que supuestamente pagaba Ferrovial al partido, a través del Palau de la Música, a cambio de la adjudicación de obra pública, eran inicialmente del 3 % pero se elevaron al 4 % porque la formación «quería más dinero».
Según ha relatado el acusado, en un principio era Millet el que mantenía contacto con el extesorero de CDC Carles Torrent, fallecido en 2005, una persona que Montull ha dicho que desconocía qué cargo tenía en el partido nacionalista, porque para él era «el recadero».
Cuando Daniel Osàcar sucedió a Torrent al frente de la tesorería de CDC, fue Montull el encargado de hacer llegar las comisiones pagadas por Ferrovial en metálico: «yo tenía el dinero en un sobre a punto, él venía, contaba el dinero, lo recogía y se lo llevaba», ha detallado el exresponsable del Palau de la Música.
Montull ha dicho desconocer con qué cargos de CDC conversaba Millet sobre el pago de comisiones, más allá de los tesoreros.
El acusado ha añadido, como ayer hiciera su hija, que CDC les hacía llegar facturas falsas para justificar pagos de comisiones ilícitas de la constructora Ferrovial, cuando así se lo pidió Millet para defenderse de dos investigaciones que les había abierto la Agencia Tributaria por los numerosos reintegros en efectivo.
Por el contrario, Osàcar ha desmentido ante el tribunal todo lo que han dicho sobre él Millet y los Montull: «lo afirmo con toda rotundidad, es falso, no es cierto».
Ha subrayado que los convenios entre el Palau y la Trias Fargas -por un valor global de unos 600.000 euros- conciliaron el objetivo que compartían tanto la institución cultural como CDC de dar un mayor peso en Cataluña al Orfeó Català e impulsar así una «campaña de catalanidad».
Según él, estos convenios eran legales y su objetivo era «influir» en los casi 600 ayuntamientos gobernados en aquella época por Convergència para fomentar la cultura catalana y, por ejemplo, que en las fiestas mayores «no pusieran solo música andaluza» y no se «olvidaran» las sardanas, corales y los «esbarts dansaires».
Ante el tribunal, Osàcar ha negado rotundamente que la constructora Ferrovial fuera «donante» de CDC y que recibiera pagos en metálico de esa empresa: «ya sabemos que el dinero en efectivo es ilegal, tienen que ser cheques nominativos».
En contra de lo que había asegurado minutos antes Montull, en el sentido de que acudía a su despacho a recoger las mordidas en un sobre con dinero en efectivo, Osàcar ha precisado que sólo iba al Palau, en metro, a requerimiento de Jordi Montull para firmar y buscar los convenios de colaboración, y que regresaba a la sede de CDC en autobús, «evidentemente sin billetes en el bolsillo».
A preguntas de su abogado, Xavier Melero, Osàcar ha insistido en que no tenía conocimiento de las obras adjudicadas por administraciones gobernadas por CiU a Ferrovial y ha alegado que durante los cinco años en los que fue tesorero, de 2005 a 2010, Convergència estaba en la oposición en el Parlament, en el Ayuntamiento de Barcelona y en la Diputación de Barcelona.