En los últimos 25 años el volumen de agua disponible en España se ha reducido en un 20% debido al cambio climático. El agua embalsada la semana de este 14 de marzo era de 33.081 hectómetros cúbicos, un 13% menos que la media de los últimos diez años.
Sin embargo, el dato no ha sido especialmente atendido por las autoridades que, al contrario, han defendido un modelo de alto consumo, especialmente en el campo agroalimentario y acometido una regulación de cuencas poco proclive a mantener los caudales ecológicos mínimos.
Bruselas vigila y apunta sanciones
Tanto la Comisión Europea, el propio Parlamento Europeo, como la UNESCO han advertido a España de la difícil situación del agua y las zonas húmedas.En enero de 2015, el Gobierno en funciones liderado por Mariano Rajoy lanzó los nuevos planes hidrológicos de cuenca. Para enero de 2016 acometió la segunda planificación. Ambos procesos eluden, fundamentalmente, las recomendaciones establecidas en la Directiva Marco del Agua (DMA), de obligado cumplimiento para todos los países de la Unión. Fruto de esa actitud, en julio de 2016, el Parlamento Europeo aprobó un informe exhaustivo de las infracciones de la DMA cometidas por el Reino de España.
Entre los principales incumplimientos está el respeto a los caudales mínimos ecológicos -que en el caso del Plan Hidrológico del Ebro solo abarcan el 21% de su caudal total-. Bruselas pide eliminar las más de 465.000 hectáreas de regadío y los 56 nuevos embalses que prevé el nuevo plan.
En lo que respecta al Plan Hidrológico del Tajo, se critica la ejecución del trasvase Tajo-Segura, el traslado del 15% del agua embalsada en el río. La Plataforma en Defensa del Tajo señala que el río “concentra el 40% de la potencia nuclear instalada en España, la presión industrial y urbana que recibe de Madrid es 10 veces superior a la que ejerce París sobre el Sena”. «Los últimos estudios hablan de la extinción de todas las especies autóctonas y endémicas de peces; y la cabecera y su tramo final en España están formados por 300 kilómetros de embalses encadenados que suponen la mayor privatización y estancamiento de un río por intereses energéticos de toda Europa”.
El uso agrario determinante y difícil de reconducir
El alto consumo de agua durante la crisis ha promovido una auténtica burbuja alimentaria. Las exportaciones han experimentado fuertes crecimientos, más concretamente en los años 2010, 2011 y 2012, en los que crecieron alrededor del 11% anual. Después de dos años, 2013 y 2014, de crecimientos de un 3,6 y 4,5%, respectivamente, en 2015 las exportaciones alcanzaron los 44.065 millones de euros, lo que supone un crecimiento de un 7,5% anual.
Si se analizan las variaciones producidas en los últimos 10 años, el crecimiento de las exportaciones de 2015 respecto a 2006 ha sido de un 82%. Es una de las mayores contribuciones a la economía española después del sector del automóvil.
La última encuesta del INE refleja la absoluta preponderancia del regadío, que emplea el 85,3% del agua disponible, por encima de otros usos como el doméstico, que apenas llega al 12%. Este dato apunta a un exceso de hectáreas muy consumidoras de agua. Un exceso que algunos informes que obran en poder de la administración elevan a un 20%.
No es menos relevante la existencia en puntos críticos del mapa español de regadío ilegal que suele producirse a costa de los humedales, por ejemplo, y de forma singular en Doñana. Pero no solo en la gran joya ecológica española: se estiman más de medio millón de pozos ilegales en toda España.
En las zonas donde existe una actividad agrícola más intensa y desde donde se exportan en masa frutas y hortalizas (Valencia, Murcia o Almería) se concentra el mayor déficit hídrico del territorio nacional. Es el caso de las cuencas del Segura, Júcar y Mediterránea Andaluza, que reconocen en sus planes hidrológicos un déficit que supera los 1.345 hectómetros cúbicos.
Hay un sector económico muy potente en esas zonas que es difícilmente reconducible, con presiones para aumento del regadío en vid u olivo.
Riesgos de privatización
En la reforma de la Ley de Aguas de 2001, bajo la presidencia de José María Aznar, el Partido Popular introduce dos nuevas figuras: los contratos de cesión de agua y los centros de intercambio. Con Cristina Narbona (PSOE) al frente de la cartera ministerial, se permite en 2007 la primera liberalización sin restricción en tiempos de sequía. Así el gobierno socialista posibilita que los titulares de autorizaciones que no consuman el agua -las hidroeléctricas, por ejemplo- puedan vender el recurso a usuarios que sí lo hagan, como las piscifactorías.
A partir de 2011, el ejecutivo de Rajoy elimina el resto de limitaciones que estipulaba la ley de Aznar: la compra-venta del agua se extiende a cualquier período, se elimina la condición de que la venta se produzca de usos agrícolas a urbanos, y desaparece la limitación de la duración de ese contrato en las etapas de sequía.
El remate final a la privatización del agua se produjo de manera encubierta en un real decreto ómnibus, de 2015. El Ejecutivo de Rajoy incluye en una disposición adicional la posibilidad de realizar trasvases sin necesidad de reconocer el excedente de agua, condición 'sine qua non' para realizar un trasvase de una cuenca hidrográfica a otra hasta dicha reforma.
El Pacto que nunca llega
El Pacto del Agua ha sido una referencia constante en la política española. Sin embargo, ha pasado a ser una referencia retórica que no se concreta. En esta legislatura, los grupos de la oposición a detenido la citada disposición adicional y el gobierno deberá presentar un nuevo marco regulatorio, no obstante la composición de las cámaras no da para muchas alegrías. Cabe imaginar que el agua seguirá siendo la asignatura regulatoria pendiente.
Miguel de la Balsa