La tensión que se lleva acumulando en las últimas semanas en el PP cántabro está a punto de hacer estallar el partido. La celebración del Congreso Regional este fin de semana ha puesto de manifiesto el choque entre las dos facciones que se crearon con las primarias internas y las votaciones del cónclave regional de este fin de semana para elegir entre el hasta ahora presidente, Ignacio Diego, y su número ‘dos’, María José Sáenz de Buruaga, se han convertido en un jaleo que parece tener difícil solución.
El enconamiento es tal que los contrarios a la vencedora del congreso, entre los que hay “decenas de alcaldes”, se han reunido y están valorando crear otro partido, según confirman fuentes ‘populares’ a Estrella Digital. Lo que sí está claro es que presentarán una denuncia judicial ante lo que consideran irregularidades en el proceso de elección. Los cuatro votos de diferencia por los que ha ganado Sáenz de Buruaga, secretaria general del partido y candidata apoyada por el ministro de Fomento Íñigo Gómez de la Serna, a Diego (458 frente a 454) han sido la gota que colma el vaso. Las acusaciones de “irregularidades” y “trampas” no se han hecho esperar aunque el enfrentamiento venía fraguándose ya tiempo atrás.
El presidente del PP de Cantabria amagó con no presentarse a las primarias que se plantearon en el partido antes de la celebración del congreso, pero dio marcha atrás al descubrir que su número ‘dos’ había preparado una lista a sus espaldas. Diego decidió entonces presentarse también a la elección interna, con lo que el partido quedó dividido en dos y así continuó su camino hasta el congreso regional de este fin de semana.
Las acusaciones de “alteraciones del censo” y “maniobras oscuras” han estado presentes en las últimas semanas por parte de los partidarios de Diego, que son muy numerosos en las poblaciones más pequeñas donde la figura de Gómez de la Serna no es muy bien valorada, según apuntan fuentes internas.
Para Génova ya fue un problema que Diego se presentara y anunciaron su intención de crear una candidatura de consenso. Es más, este mismo fin de semana, el vicesecretario de Organización, Pablo Casado, pidió a los ‘populares’ cántabros a salir de su Congreso “más fuertes y unidos” y que dejaran “a un lado sus intereses personales”. Incluso Mariano Rajoy ha apelado a la unidad tras el resultado (y con firma personal del presidente del Gobierno).
Es tiempo de unidad en el @ppcantabria y los compromisarios han elegido a @mjburuaga para liderarlo. Enhorabuena #CantabriaAdelante MR https://t.co/JBeU9JNfSn
— Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 25 de marzo de 2017
Denuncias y acusaciones de “pucherazo”
Pero los intentos del PP nacional han quedado en vano. Tras las votaciones, las acusaciones de posible fraude electoral han terminado en la comisaría. Un compromisario ha denunciado ante la Policía Nacional que dos personas que no se encontraban en el censo depositaron su voto en las urnas y que sus nombres fueron apuntados a mano en el listado de la mesa, según relata el diario local ‘Cantabria 24 horas’, que incluye una copia de la denuncia.
Pero las acusaciones de posible fraude en los censos fueron denunciadas antes incluso de que se celebrase el congreso. El exconcejal de Laredo Ramón Arenas ya dirigió un escrito al Comité del 12 Congreso Regional del PP de Cantabria el pasado día 23. En el texto, advertía a los organizadores del cónclave que habían denunciado ante las autoridades de la posibilidad de que un solo afiliado hubiera realizado “los pagos de casi quinientas cuotas de afiliaciones del PP de Laredo, cuya cuantía podía ascender a más de 9.000 euros, con la presumible finalidad de tener derecho a emitir su voto en el proceso electoral para elegir al Presidente del PP de Cantabria.”
El concejal denunciaba así la posibilidad de que medio centenar de personas hubieran sido inscritas de manera fraudulenta y solicitaba la anulación del “derecho al voto de todas aquellas personas afiliadas al PP que se hayan visto beneficiadas por el pago de su cuenta de afiliación”. Pero la comisión organizadora del Congreso no aceptó la denuncia y argumentó que se trataban de hechos “sub judice” (en proceso de ser juzgado) y que “no hay situación de ilegalidad en el procedimiento de abono de esas cuotas”. Y ahí se zanjó el caso ya que consideró esa decisión “inapelable”.
Pero la polémica suscitada por el enfrentamiento no parece que se vaya a frenar y, si las cosas continúan por los derroteros que han tomado este fin de semana, la fractura en el PP cántabro será un hecho.
Paula Pérez Cava