El programa de submarinos S-80 de la Armada costará mucho más de lo previsto inicialmente, una obviedad que se ha ido desplazando en el tiempo tras numerosos problemas y retrasos en el programa de la Armada. El coste ha ascendido tanto que los 2.135 millones de euros previstos como «techo» para el programa «tan solo permitiría la entrega del primer submarino» de los cuatro previstos inicialmente. El secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde, ha confirmado este jueves en el Congreso que el dinero destinado inicialmente al programa, un día considerado el más ambiciosos de la Armada y la industria naval española, no da para más.
De hecho, ni siquiera hay una estimación cerrada entre Defensa y Navantia sobre la cantidad a la que ascenderá el pago de los otros tres submarinos, según ha explicado el número 'dos' de María Dolores de Cospedal, en una comparecencia larga y animada por las dificultades de algunos diputados por hacerse con los asuntos relacionados con el armamento -el momento que más revuelo ha generado entre los uniformados presentes y otros conocedores del asunto ha sido la intervención del portavoz de Ciudadanos, que preguntaba a Conde por la posibilidad de utilizar el helicóptero NH90 como sustituto del caza de despegue vertical Harrier.
Conde ha hecho una exposición detallada de los programas en marcha, también de las piedras que se ha ido encontrando el S-80 por el camino desde que se firmó la orden de ejecución del programa en marzo de 2004. Y no han sido pocas: desde la revisión del proyecto preliminar, hasta «dificultades surgidas durante el proceso constructivo de las secciones resistentes del submarino». Aunque, sin duda, uno de los aspectos más llamativos fue la desviación de 125 toneladas en el peso del submarino, que provocaba que, una vez sumergido, el aparato no pudiera volver a la superficie. Fue entonces cuando Navantia decidió aumentar en 10 metros su eslora.
Uno de los aspectos que no ha detallado el secretario de Estado de Defensa, y que también trajo muchos dolores de cabeza a Navantia, fueron los problemas con la propulsión del aparato, que estaba previsto como un sumergible «diésel-eléctricos con sistema de propulsión anaerobia AIP (Air Independent Propulsion), para proporcionarle mayor autonomía y discreción, con capacidad de ataque a tierra», según ha explicado Conde.
La idea era que el submarino fuese capaz de permanecer un largo periodo de tiempo sumergido, algo que sólo consiguen las naves con propulsión nuclear. Pero la famosa AIP, de la que se encargaba Abengoa, no fue fácil de instalar en en el S-81. Defensa terminó adjudicando a Técnicas Reunidas su producción ante la falta de resultados.
En cualquier caso, se prevé que el primer submarino sea entregado a finales de 2021. Del resto, el secretario de Estado no ha dado una fecha cerrada y ha asegurado que Navantia y Defensa están analizando las posibles entregas, así como el aumento del presupuesto previsto. Aún así, se ha atrevido a poner una horquilla entre 2023 y 2026.
Sin embargo, Conde no ha evadido hablar de las penalizaciones que podrían imponerse a Navantia por el incumplimiento de plazos, algo que sí ocurre con otras empresas. De hecho, ha llegado a decir que, en este caso «lo que entra por un lado, sale por otro». «Navantia es una empresa 100% pública. Si el Ministerio de Defensa le cobrase las penalizaciones, las terminaría pagando Hacienda, con lo que es una suma de resultado creo», ha dicho ante los diputados de la Comisión de Defensa, «Comisión de Guerra» para el diputado de Esquerra Republicana según entraba en la Sala Cánovas de la Cámara Baja.
Quedan por pagar 21.000 millones
Conde ha comparecido ante la Comisión de Defensa para dar cuenta de la situación de los llamados Programas Especiales de Armamento, la fórmula utilizada por los últimos gobiernos para dotar de capacidades a los Ejércitos, pero sin incluirlos en los presupuestos. De hecho, el secretario de Estado ha propuesto que se incluyan los pagos pendientes a la Industria, tanto de este año como del que viene, en los Presupuestos Generales del Estado, después de que el Tribunal Constitucional rechazara la fórmula de aprobar estas partidas como decretos-ley individuales.
En total, son 1.824 millones de euros (716 millones de 2016 y 1.107 de 2017) los que habría que pagar, que se repartirían entre varios de los 11 programas especiales en curso y otros 12 finalizados con pagos pendientes. Según ha explicado Conde, de esos 1.824 millones que se pagarán este año, 635 irán al programa del caza Eurofighter; 388, al A-400M; 281, al helicóptero NH-90; 200, al vehículo de combate Pizarro: 96, a la fragata F-100; 76 al helicóptero de combate Tigre y otros 40 millones para el misil Spike.
En total, el gasto en estos programas que se han ido acumulando durante años asciende a unos 30.000 euros, de los que Defensa apenas ha pagado unos 9.000. Es decir, el Estado aún debe a la industria de Defensa 21.000 millones de euros.
La inclusión de lo que Defensa debe en los presupuestos de este año ha servido para sacar pecho al número dos del Departamento, pese a que se trata de una imposición de la Justicia, que no permite la financiación de estos proyectos vía decreto. De hecho, ha vuelto a apelar al objetivo de alcanzar el 2% del PIB en gasto de Defensa. “Esta medida estaría en consonancia con el compromiso asumido en la Cumbre de Gales de 2014 por los Jefes de Estado y de Gobierno de los 28 Estados aliados de la OTAN, de incrementar sus presupuestos de defensa, hasta alcanzar en el plazo de una década una cifra equivalente al 2% de producto interior bruto de sus respectivas naciones”, ha añadido.
Paula Pérez Cava