Pillados. Una inspección en los domicilios de las editoriales de libros de texto, conduce a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a abrir un expediente a las entidades que operan en el mercado.
La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) investiga posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de la edición y comercialización de libros de texto no universitarios.
La investigación del regulador sospecha de “posibles acuerdos o prácticas concertadas entre distintas entidades, para limitar o coordinar las políticas comerciales que pueden promover los cambios de editoriales de referencia para los libros de texto de los distintos centros educativos no universitarios en España”
Los días 28, 29 y 30 de marzo se han efectuado visitas domiciliarias e varias de las editoras. La inspección ha sido el paso previo al proceso de investigación de las supuestas conductas anticompetitivas.
Programa de Clemencia
Aunque no se han incoado procesos formales, el regulador incluye las prácticas de las editoriales en los supuestos de cártel, que supone una infracción muy grave de la competencia y que podría suponer multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras.
La Comisión informaba esta mañana de que ponía en marcha su “Programa de Clemencia” que permite a las empresas que forman parte de un cártel beneficiarse de la exención del pago de la multa, siempre y cuando aporten elementos de prueba que posibiliten a la CNMC su detección.
Las sospechosas habituales
En el grupo de entidades más importantes, vinculadas en la asociación ANELE, destacan tanto entidades vinculadas a la iglesia como al mercado editorial.
Oxford University Press España, S.A., filial española de Oxford University Press, la rama empresarial de la Universidad de Oxford se ha convertido en la editorial con mayor presencia de libros de texto en castellano para la Educación Secundaria y el Bachillerato, segmentos en los que ha alcanzado un 19 por ciento de penetración en el mercado.
El grupo SM (Santa María), fundado por los Marianistas, es una multinacional que opera en nueve países. Además de los libros de texto, le pertenecen colecciones como El barco de vapor y Gran angular, presentes en muchas aulas.
El Grupo Edebé, fundado por los Salesianos. Otra multinacional presente en Argentina, Chile y México. En Andalucía, tiene la marca Guadiel, en la Comunidad Valenciana, Marjal, en Galicia Rodeira y en el País Vasco Giltza. La Editorial Edelvives pertenece al Instituto de los Hermanos Maristas, de sobra conocida en todos los centros escolares.
La Editorial Bruño, fundada por el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas La Salle, tiene acuerdos de ventas con Hachette Livre (Francia) y es propietaria del grupo editorial Salvat. En 2004 amplió su negocio con el Grupo Anaya que a su vez engloba grupos como Algaida, Vox, Cátedra, Pirámide o Alianza.
La editorial Santillana, propiedad del grupo Prisa (el mayor conglomerado de empresas de comunicación de España, y uno de los más grandes del mundo con presencia en 22 países). Hasta 2009 fue propiedad de la familia Polanco y en la actualidad los bancos HSBC, La Caixa y Santander, además de Telefónica y dos fondos buitre, están entre sus 10 accionistas mayoritarios.
Un negocio de escándalo, bajo sospecha
En España, el grupo ANELE, que integra a las principales editoriales del país es un poderoso lobby. Controla la venta de 46 millones de libros de texto, para un total de ocho millones de alumnos no universitarios. El gasto medio por alumno es de 102,96 euros. Una cantidad que alcanza el escándalo de 124,37 euros por alumno en el caso de la educación primaria.
La reforma de la ley de educación ha suscitado muchas declaraciones acerca del coste que ésta iba a suponer para las editoriales, que incluso han protestado públicamente por la decisión de algunas Comunidades Autónomas de no renovar los libros tras la aprobación de la LOMCE.
Las editoriales se quejan de lo que denominan “políticas inciertas” por las que están sufriendo «perjuicios económicos evidentes» ya que imponen sus propios productos, bloquean el cambio de libros y, naturalmente, destruye la libertad de educación. Una amenaza económica que se produce a pesar de que el aumento de precios de los libros de texto ha sido en los últimos años superior al del conjunto de libros y por encima del IPC. Las editoriales se reconocen a sí mismas un margen bruto de un 8% por libro de texto editado.
Copago inconstitucional
La exigencia de adquirir libros de texto no se compadece con el art. 27.4 de la Constitución. En materia de educación básica, todo copago esta constitucionalmente prohibido. La enseñanza es el único derecho fundamental que la Constitución garantiza directamente de forma gratuita.
El libro de texto obligatorio proporciona una subvención a las editoriales, aunque no se someten a los límites de concurrencia que estas imponen; ofrece, también, un mercado cautivo de 8 millones de consumidores.
Miguel de la Balsa