La tarde del 8 de abril de 2017 pasará a la historia como el día en el que la banda terrorista ETA hizo oficial su desarme total. Pero también significará un suspiro de alivio para todos los agentes de la Guardia Civil y para sus respectivas familias, que durante la existencia del grupo terrorista ha vivido con el corazón en un puño. Los guardias civiles han sido los grandes objetivos de ETA. De hecho, la primera víctima fue el guardia civil Pardines, en 1968, y los últimos fueron los agentes Sáez de Tejada y Salvá, en el año 2009. En total, han sido 210 agentes los que han caído desde la aparición de la banda, en el año 1959. O lo que es lo mismo, una de cada cuatro personas asesinadas por ETA pertenecía al Instituto Armado. “Precio muy alto el que ha tenido que pagar el Cuerpo para conseguir su derrota”, afirma Ángel Rodríguez, responsable de Comunicación de la Asociación Escala Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC).
Ningún colectivo, institución o formación festejará con más júbilo este desarme total anunciado por el activista de Bizi, Jean-Noël Etcheverry “Txetx”. Pero la ASESGC, presidida por Francisco Silva Nieto, no quiere que esta noticia maquille todo el daño que ha causado la banda terrorista. Por este motivo, recuerdan que ETA ha sido derrotada por el Estado Derecho y reclaman su papel protagonista. “La Guardia Civil, el instrumento más efectivo en la lucha contra esta organización terrorista”, afirma Rodríguez.
De todos modos, los guardias civiles no se fían de la banda terrorista y por este motivo exigen su disolución total. “Para la Guardia Civil, como para el resto de ciudadanos españoles, la mera existencia de la organización terrorista supone una amenaza para la seguridad de todos, por lo que el acto de entrega de las armas no puede convertirse en una acción de propaganda para conseguir beneficios, si no va acompañada de su total disolución”, explica Rodríguez.
Además, la asociación advierte que el desarme total no es una baza negociadora y espera que el Gobierno se muestre estricto y rígido en este sentido. Tal y como explica Rodríguez, “la banda terrorista no está en disposición de exigir al Gobierno español ninguna prerrogativa para su desarme, pues tras ser derrotada legal y policialmente lo único que se puede esperar es su disolución absoluta, teniendo la sensación de que su plan de entrega de las armas se debe a una medida de estrategia política con el fin de alcanzar unos beneficiados para con los miembros de la organización encarcelados y familiares y simpatizantes”.
Un desarme con elogios a las instituciones vascas
ETA ha asegurado que es “una organización ya desarmada” con un comunicado enviado a la cadena británica BBC, aunque no será hasta este sábado, 8 de abril, cuando se cierre de forma definitiva el proceso. “El día del desarme será mañana”, indicaba la comunicación, que los terroristas han enviado a la cadena en inglés y en castellano.
La banda pretende internacionalizar su causa con este gesto. Además, alude a la comunidad internacional para legitimar su desarme y reconoce el apoyo de las instituciones vascas para el proceso. Sin embargo, ataca directamente a España y Francia, “han puesto todos los obstáculos y problemas posibles”, ya que están “empecinados en el esquema de vencedores y vencidos y enrocados en la vía policial”.
A la vez, hacen de la “sociedad civil” los que han asumido “la responsabilidad política y técnica del desarme”. “Tomamos las armas por el pueblo vasco y ahora las dejamos en sus manos, para seguir dando pasos al objeto de lograr la paz y la libertad en nuestro pueblo, porque para avanzar en la agenda de soluciones hay que adquirir compromisos”, dice la banda terrorista ETA.
Los presos, una cuestión pendiente
La disolución es una constante en los mensajes que se han lanzado a ETA, tras la entrega programada de lo que todo el mundo cree es una parte de su arsenal. En la banda hay tentación de mantener, como “una organización desarmada”, algún tipo de identidad asociativa.
El mundo político vasco y el Gobierno no niegan que buscan resolver la cuestión de los presos. Los mensajes que le han llegado a ETA desde el gobierno central son claros: sin disolución, no hay “cuestión penitenciaria”.
ETA tiene en las cárceles a unos 360 miembros, de los que 280 están en España y el resto en Francia, donde están recluidos algunos de los etarras con un horizonte penitenciario más largo. No obstante, hace un lustro, el número de presos era de 600. Los que están a día de hoy detenidos cumplen su condena en 44 cárceles españolas y 20 francesas. Tres etarras cumplen condena en Suiza, Reino Unido y Portugal.
Diez prisiones andaluzas se reparten 95 presos, un tercio del total de reclusos, por delante de los 48 que cumplen penas en cárceles de la Comunidad Valenciana, los 36 encarcelados en las dos de Murcia y, ya en menor medida, en Galicia (24), Castilla y León (20) o los 16 de Castilla La-Mancha. Veintitrés etarras están a menos de 300 kilómetros del País Vasco, cuyas cárceles solo acogen a dos que aún no han roto con la organización. En las cárceles de Burgos, El Dueso (Cantabria) y Logroño, las provincias más cercanas a Euskadi, cumplen condena cinco etarras. Frente a estos centros, el más alejado del Pais Vasco es Cádiz, con 22 presos.
Carlos Lospitao